El Gobierno porteño volvió a abrir el capítulo más controvertido de la gestión del espacio público: la instalación de bares y servicios privados dentro de parques y plazas. Esta vez, lo hizo mediante una licitación pública para incorporar puestos de café, baños, bibliotecas al aire libre, espacios para bicicletas, Wi‑Fi e iluminación en 16 espacios verdes de más de cinco hectáreas, con una inversión privada estimada en US$ 4,6 millones y un plazo de obra de seis meses.
Según la administración porteña, el proyecto busca sumar servicios “sin generar costos para el Estado ni para los vecinos”. Pero detrás de esa fórmula —repetida desde hace más de una década— se esconde una historia de idas y vueltas, rechazos vecinales, fallos judiciales y un modelo de concesiones que siempre encontró resistencia en la comunidad.
Un conflicto que viene de lejos
Los intentos por instalar bares en plazas porteñas no son nuevos. Desde principios de los años 2000, distintas gestiones impulsaron proyectos similares bajo el argumento de “poner en valor” los espacios verdes. Sin embargo, cada iniciativa chocó con un mismo obstáculo: la oposición de vecinos y organizaciones urbanas, que denuncian la privatización progresiva del espacio público.
En 2013, por ejemplo, la Legislatura aprobó la instalación de bares en parques como Centenario, Chacabuco y Saavedra. La reacción vecinal fue inmediata: amparos judiciales, movilizaciones y campañas públicas lograron frenar varias de esas concesiones. En algunos casos, la Justicia porteña dictaminó que los proyectos violaban normas de protección ambiental o no cumplían con los requisitos de participación ciudadana.
A pesar de esos antecedentes, la política de concesionar espacios verdes a privados nunca se abandonó. Cambió de nombre, de formato y de justificación, pero no de objetivo.
La nueva licitación
El anuncio actual incluye parques emblemáticos como La Isla (Paternal), Los Andes (Chacarita), Chacabuco, Indoamericano, Micaela Bastidas (Puerto Madero), Thays (Recoleta), de los Patricios, entre otros. Todos ellos figuran en la licitación amparada en la Ley 4.950, que regula el uso de espacios públicos para actividades comerciales.
El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, defendió la iniciativa asegurando que generará trabajo y dinamizará la economía local. “Estamos incorporando servicios que hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, pero además estamos promoviendo actividad comercial y desarrollo”, afirmó.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la medida en redes sociales y apuntó contra las críticas históricas: “Durante años nos dijeron que sumar servicios con inversión privada en los parques era ‘privatizar’ el espacio público. No nos corren más”.
La presentación de ofertas está prevista para el 24 de junio, aunque podría extenderse si se solicita una prórroga.
¿Quiénes son los beneficiados?
Aunque el Gobierno porteño sostiene que los vecinos serán los principales beneficiarios, la experiencia previa muestra que los mayores ganadores suelen ser:
- Empresas concesionarias, que obtienen espacios estratégicos en zonas de alto tránsito sin pagar cánones elevados en relación con el valor comercial del suelo.
- Operadores gastronómicos, que acceden a locaciones privilegiadas con costos de infraestructura subsidiados o compartidos.
- El propio Gobierno, que exhibe la incorporación de servicios como una mejora urbana sin asumir el costo político de aumentar el presupuesto destinado a mantenimiento y equipamiento de plazas.
En cambio, los vecinos suelen advertir efectos negativos: pérdida de superficie verde, aumento del tránsito interno, encarecimiento del uso del espacio público y un corrimiento del sentido original de las plazas como lugares de encuentro no comercial.
Un debate que vuelve a abrirse
La nueva licitación reaviva un conflicto que nunca terminó de resolverse: ¿qué modelo de espacio público quiere la Ciudad? ¿Uno basado en servicios pagos y concesiones privadas, o uno que priorice el uso comunitario y la preservación ambiental?
Mientras el Gobierno avanza con el proceso administrativo, organizaciones vecinales ya comenzaron a organizarse para seguir de cerca la licitación y evaluar posibles acciones. La historia reciente indica que el debate está lejos de cerrarse.