La visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS–Malbrán quedó marcada este lunes por un fuerte dispositivo de protesta impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un contexto atravesado por el conflicto salarial en el sector sanitario y por la delicada situación judicial que enfrenta el funcionario.
Según informó ATE en un comunicado difundido tras la actividad oficial, el sindicato montó una jornada de protesta y escrache ante la llegada de Adorni al organismo, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Desde el gremio denunciaron que la comitiva oficial acudió a realizar una “inauguración trucha” de un laboratorio y acusaron al Gobierno de intentar “lavar su imagen” en uno de los sectores “más golpeados por las políticas de ajuste”.
«El Gobierno fracasó en su intento de lavar su imagen; vinieron a hacer una inauguración que ya estaba hecha y no duraron más de cinco minutos”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien agregó que “la gente no los quiere en ningún lado y nosotros no los toleramos en la administración pública”. De acuerdo con el gremio estatal, la protesta derivó en que los funcionarios debieran abandonar el predio rompiendo el protocolo de seguridad establecido.
En el documento entregado a las autoridades, ATE detalló que durante la actual gestión los trabajadores del Malbrán sufrieron un recorte salarial del 45%, una reducción presupuestaria del 25% y una caída del 15% en la planta de personal. El informe advierte además que más de la mitad de los empleados perciben haberes por debajo de la línea de la pobreza y alerta sobre los riesgos que el desfinanciamiento implica para tareas esenciales como el control de enfermedades infectocontagiosas, la producción de sueros y reactivos y el seguimiento de patologías genéticas y nutricionales.
Desde el Gobierno nacional, la presencia de Adorni en el Malbrán fue presentada como parte de una actividad oficial vinculada a la recorrida del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4), el primero de estas características en América Latina, ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica del organismo. La actividad fue encabezada por Karina Milei y contó con la participación del ministro de Salud, Mario Lugones.
El laboratorio, según la información oficial, permite trabajar con virus y patógenos de alto riesgo y posiciona a la Argentina como un actor relevante en la prevención y respuesta ante emergencias sanitarias. Diversos medios interpretaron la visita como un gesto político de respaldo explícito al jefe de Gabinete, que volvió a mostrarse en una actividad pública de alto perfil tras varias semanas de bajo nivel de exposición mediática.
La recorrida por el Malbrán se produjo en un momento en que Manuel Adorni atraviesa una situación judicial compleja. El jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación en la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La investigación se centra en el análisis de su evolución patrimonial, la compra de propiedades, el financiamiento de viajes al exterior y la eventual utilización de fondos públicos para gastos personales o de su entorno familiar. En el marco del expediente, la fiscalía solicitó medidas de prueba como el levantamiento del secreto bancario y fiscal y el cruce de datos patrimoniales y migratorios.
Fuentes judiciales indicaron que, hasta el momento, Adorni no se encuentra imputado ni procesado, aunque la causa continúa en etapa de investigación preliminar. En paralelo, existen otras denuncias en trámite vinculadas a posibles conflictos de interés relacionados con la actividad profesional de su esposa y su eventual relación con empresas que mantienen contratos con el Estado.
Para ATE y otros sectores sindicales, la visita al Malbrán fue leída como una provocación en medio del ajuste presupuestario y del deterioro de las condiciones laborales en el organismo. Desde el gremio advirtieron que, si no hay una recomposición salarial urgente y una mejora del presupuesto, “la conflictividad va a seguir en aumento” y aseguraron que no darán tregua al Gobierno.
La jornada dejó así en evidencia la superposición entre la agenda institucional del Ejecutivo, el conflicto social en el sector de la salud pública y el impacto político de las investigaciones judiciales que rodean a uno de los funcionarios clave del gabinete nacional.