En los pasillos del Congreso de la Nación, la fecha del 15 de octubre de 2026 se repite como un mantra. Ese día, si la Cámara de Diputados decide rechazar el DNU 70/2023, el país entrará en una zona de transición jurídica y económica que nadie puede describir con exactitud, pero que todos saben que será intensa. La desoladora radiografía de ese posible “día después” está plasmada en un informe elaborado por el equipo jurídico y económico de Zentrix Consultora.
El informe arranca con una aclaración: derogar el DNU no borra lo ocurrido durante su vigencia. Lamentablemente, no se vuelve a la Argentina de diciembre de 2023 ni se deshace el daño ocasionado durante la vigencia del decreto. Los contratos firmados siguen siendo válidos, los derechos adquiridos se mantienen y las relaciones jurídicas continúan su curso. Pero lo que sí aparece es un vacío: “La vuelta de las leyes derogadas no es automática”, advierte la consultora, y ahí empieza la historia más compleja. Este detalle técnico abre un período de incertidumbre que, según Zentrix, podría convertirse en decisiones postergadas, contratos frenados, operaciones demoradas y el aumento de litigios judiciales.
Aunque muchas áreas reguladas por el DNU ya fueron reemplazadas por leyes posteriores, hay tres sectores donde la caída del decreto sí movería el tablero de manera directa y visible.
1. Alquileres: el regreso de la regulación y la tensión en la oferta
Si cae el DNU 70/2023, se retoma la discusión sobre qué régimen regirá los contratos de locación. ¿La Ley 27.551? ¿El texto del Código Civil y Comercial previo a diciembre de 2023? ¿Una combinación interpretativa?
Lo que sí parece claro, sostiene el informe, es que volvería a un esquema de plazos y actualizaciones reguladas y a una dinámica conocida: menos oferta formal, más alquileres temporarios, más informalidad y un canon inicial más alto para quienes buscan vivienda. Los inquilinos actuales ganarían previsibilidad; los que buscan mudarse perderían opciones. Cabría preguntarle a la consultora cuáles son las opciones favorables que el mercado presenta en el actual contexto de recesión económica y caída de salarios.
2. Medicina prepaga y obras sociales: un sistema que vuelve a cerrarse
La libertad de precios en las prepagas y la libre elección de obra social desde el inicio de la relación laboral dependen del DNU. Sin él, el sistema vuelve a cerrarse. Para los afiliados, eso significa cuotas más predecibles. Para las empresas de salud, un regreso al control estatal. Para las obras sociales sindicales, una recuperación de recursos y de afiliados. Para las prepagas, la pérdida de un canal clave de ingresos. El informe advierte que parte del ajuste podría trasladarse a la calidad del servicio. Cabe preguntarse si en la actualidad, a costos altísimos y con un nulo control estatal, este servicio de salud de las prepagas es de excelente calidad. Sin dudas que no.
3. Comercio exterior: el retorno del riesgo discrecional
Quizás el cambio más profundo sea este: el Poder Ejecutivo recuperaría la facultad de prohibir exportaciones e importaciones por razones económicas sin pasar por el Congreso. Para los exportadores, eso significa volver al riesgo de un posible cierre de mercados por decreto. Para los importadores, la posibilidad de restricciones que afecten insumos y bienes de capital. La experiencia de la carne en 2021 es el antecedente que el informe de Zentrix trae a la mesa: caída de inversión, pérdida de mercados y efectos ambiguos sobre los precios internos.
El informe insiste en que la derogación no toca el régimen cambiario, monetario, tributario ni laboral. No es un terremoto macroeconómico. Es un reacomodamiento sectorial que afecta mercados muy sensibles: alquileres, salud, financiamiento en dólares, tarjetas de crédito, comercio exterior, registro automotor, aerocomercial, yerba mate, tierras rurales y más. La lógica que domina es la del retorno del control estatal: precios regulados, autorizaciones previas, cupos, restricciones, trámites presenciales, barreras de entrada.
Como toda reconfiguración regulatoria, la caída del DNU tendría beneficiarios claros:
- Pymes proveedoras en compras públicas.
- Comercios que volverían a tener topes en aranceles de tarjetas.
- Productores yerbateros que recuperarían un precio de referencia.
Pero Zentrix aclara que no se trata de mejoras de eficiencia, sino de transferencias de ingresos: lo que ganan unos lo pagan otros o el Estado.
Más allá de la economía, el informe subraya que el rechazo sería un gesto institucional fuerte: el Congreso reafirmaría su control sobre los DNU. Pero también asumiría una responsabilidad enorme: ordenar la transición. Si no lo hace, serán los jueces quienes reconstruyan el régimen aplicable, caso por caso, contrato por contrato, sector por sector.
El informe de Zentrix traza una probable cartografía de un país que podría entrar en una transición compleja, donde las reglas cambian y los actores económicos ajustan sus decisiones en tiempo real. La pregunta que queda flotando es simple y enorme: ¿cómo se gestiona un cambio de reglas después de casi tres años de vigencia?
La respuesta, por ahora, está en manos de Diputados.