Sobre Avenida Alvear, los palacios de otra época todavía imponen su elegancia en el ritmo moderno de Recoleta; recientemente, una de esas casonas, construida en 1916, estuvo a punto de ser demolida para dar paso a un nuevo negocio inmobiliario. La construcción, ubicada en el número 1628, contaba con el «permiso formal de demolición» del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trámite que suele pasar inadvertido, pero que esta vez encendió alarmas entre vecinos, especialistas en patrimonio y organizaciones civiles.
La autorización, otorgada a pedido de los desarrolladores privados que proyectaban un edificio de lujo de nueve pisos, habilitaba la demolición total de la propiedad. No se trataba de una fachada a conservar ni de una intervención parcial: el permiso permitía arrasar con la totalidad de la obra del arquitecto Enrique Max Laspé, un exponente del estilo francés que definió buena parte del perfil aristocrático de la avenida.
Cuando trascendió que la casona tenía luz verde para ser demolida, se desató la tormenta. La Asociación Civil Distrito Buenos Aires Fashion & Arts (BAFA) presentó un pedido de amparo para frenar la obra, argumentando que el edificio no solo tenía valor arquitectónico, sino que formaba parte de un conjunto urbano único, donde conviven el Palacio Duhau, el Palacio Fernández Anchorena y otras joyas del patrimonio porteño. A esta presentación se sumaron vecinos, referentes de Basta de Demoler y especialistas en urbanismo. Todos coincidieron en un punto: permitir la demolición de un inmueble de 1916 en el corazón de la avenida más emblemática de Recoleta implicaba quebrar la continuidad histórica del corredor.
La presión social encontró eco en los tribunales. La Justicia porteña ordenó frenar la demolición, y casi en simultáneo, el Gobierno de la Ciudad emitió la Resolución 38/SECGDU/26, que suspendió por 180 días cualquier obra —demolición o construcción— en el predio. La medida obligó al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a evaluar si la casona debía ser incorporada al catálogo de protección. Si eso ocurre, la demolición quedará definitivamente prohibida. Esta no es la primera vez que el inmueble estuvo en la mira. En 2022, la Comisión Nacional de Monumentos intervino para frenar un intento previo de demolición. La historia reciente reforzó la sospecha de que el valor patrimonial del edificio fue subestimado en los trámites que habilitaron su derribo.
Los desarrolladores habían planificado levantar un edificio premium con departamentos de alta gama y locales comerciales. La casona, para ellos, era un obstáculo. Tras el freno judicial, el Gobierno porteño abrió una instancia de negociación para explorar una alternativa intermedia, como, por ejemplo, preservar la fachada histórica y permitir obra nueva detrás, una solución que BAFA considera aceptable si garantiza la integridad visual del corredor. El caso de Alvear 1628 volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa Buenos Aires desde hace décadas: ¿cómo se equilibra el desarrollo inmobiliario con la preservación del patrimonio? La avenida, que alguna vez fue el símbolo máximo de la Belle Époque porteña, se ha convertido en un escenario donde ese conflicto se vuelve visible en cada obra nueva.
El futuro de la casona se definirá en los próximos meses. Hay tres caminos posibles: que sea catalogada como patrimonio histórico y quede protegida de forma permanente; que se acuerde una preservación parcial, con la fachada incluida; o que, si no se reconoce valor patrimonial suficiente, la suspensión se levante y la demolición vuelva a estar habilitada. Por ahora, la casona sigue en pie, silenciosa pero firme, como si supiera que su destino ya no depende solo de un expediente administrativo, sino de una ciudad que debate qué partes de su historia está dispuesta a dejar caer.
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