PRIMER PARO MIGRANTE

La fecha elegida fue el 30 de marzo, en homenaje a las seis personas, de nacionalidad boliviana, que murieron en 2006, en el incendio que se produjo en un taller textil clandestino del barrio de Caballito. Cinco de ellas menores de edad.
Esta fecha también se inscribe en el marco de una lucha internacional y que en Estados Unidos se cristalizó el 16 de febrero con un paro de inmigrantes contra las políticas del presidente Donald Trump.

En la tarde de ayer, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, se llevó a cabo el primer paro migrante. El objetivo fue visibilizar el aporte la economía que este sector hace en nuestro país y pedir la derogación del decreto que modificó la Ley de Migraciones por considerar que “vulnera” sus derechos.
“Los migrantes somos trabajadores y hacemos un aporte muy importante a las economías de los países donde residimos. Con este paro queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural”, expresó Juan Vázquez, del colectivo de bolivianos Simbiosis Cultural, y enfatizó: “en esta construcción del sujeto político que somos tenemos que re-discutir nuestro rol con el Estado, pero también con los sindicatos cuando, por ejemplo, no permiten un cupo superior al 25% de inmigrantes en la representación, como pasa con los ladrilleros”.
En tanto, Víctor Castillo, del Movimiento Sembrar de Perú, describió que “el bloque migrante que convocó al paro se fue gestando a partir de necesidades comunes; surgió de la necesidad de salir del lugar de víctimas, de reconocernos como trabajadores y comenzar a discutir las migraciones como un complejo entramado de la realidad política, social y económica”.

En 2016 la Universidad de Tres de Febrero publicó un informe sobre el impacto de las migraciones actuales en la estructura económica y sociocultural de la Argentina, en el mismo se señala que los migrantes aportan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en IVA. En tanto que en el perí­odo 2007-2011 su participación en la generación de riqueza osciló entre 3.900 y 5.000 millones de dólares.

“El 4,5% de la población en Argentina es migrante, uno de los porcentajes más bajos de la historia”, indicó a la agencia de noticias Télam, Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
Según Cernadas “existen rubros donde su fuerza de trabajo es mayoritaria como el textil, la producción y venta frutihortícola y la producción de ladrillos, y están distribuidos en todo el país”.

Pero el reclamo fundamental de la tarde de ayer, se expresó en el pedido de derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones.
En este sentido, Ceriani Cernadas, sostiene: “El primer problema que tiene el DNU es el mensaje porque asocia al inmigrante con el delito; esto cala muy hondo en la sociedad y llega muy rápido y revertirlo tarda décadas”, y añade: “El decreto hace un recorte parcial de la realidad ya que expresa que el 33% de los delitos vinculados a la narcocriminalidad son cometidos por extranjeros, y esto es lógico por la naturaleza de ese delito, pero no implica que se trate de personas que llegan a residir a un país; mientras que de 2002 a hoy, de todos los delitos cometidos en Argentina sólo entre 5,2% y 5,9% fueron realizados por extranjeros”.
Sobre las modificaciones que introduce el DNU, Cernadas detalló que “antes para no dejarte ingresar debías tener una condena firme superior a tres años y para sacarte la residencia una superior a cinco; ahora el sólo hecho de tener un antecedente, cualquiera sea el delito y tengas o no condena puede ser una causal para la no admisión, expulsión o cancelación de la residencia”.
“Se acortaron los plazos y se quitaron instancias de apelación para el migrante. En realidad el DNU le hace un favor al crimen internacional organizado porque Argentina, en lugar de investigar y llegar a fondo con la estructura delictiva, expulsa a la persona, sin contar con que si se trata de un delito que dejó víctimas fatales, los familiares no tienen cómo lograr justicia en términos de condena ni resarcimiento civil”, completó.