LAS 400 CONSULTAS

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires atiende unas 400 consultas al mes de inquilinos que deben afrontar el aumento del alquiler cuando tienen que renovar el contrato.
La oficina de Atención de Inquilinos que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo, es la única en el país habilitada para abordar esta problemática habitacional. Añ frente de la misma se encuentra el ex legislador porteño Fernando Munóz quien precisó la cantidad de consultas mensuales que atienden ante una renovación de los contrato, “sucede que los inquilinos se encuentran con que no hay límites para el incremento de los porcentajes de la cuota. En tanto que sostiene que no hay límites respecto al incremento de los alquileres en la Ciudad.
Detrás de las preguntas por los aumentos “sin tope” del alquiler al momento de la renovación del contrato, están las vinculadas con la retención indebida del depósito por parte del propietario o de la inmobiliaria, que es la suma de dinero que deja en garantía el inquilino cuando se firma el acuerdo y, luego le siguen las relacionadas con el deterioro de la propiedad.
El 80% de las consultas mensuales “corresponde a contratos formales de alquiler (por inmobiliaria) y el 20% restante a temas relacionados con cierres, clausuras y desalojos en hoteles e inquilinatos”, precisa Muñoz.
“Hasta que no haya ley de alquileres y se recupere la facultad del Estado de fijar pautas en los contratos de alquiler, no habrá topes a los precios y -lamentablemente- no hay forma de ayudar a la gente sin la norma. Estamos a la espera de que en marzo pueda ingresar en Diputados el proyecto que obtuvo la media sanción del Senado”, sostuvo.
La semana pasada las cámaras inmobiliarias cuestionaron esa iniciativa, que extiende también el plazo de alquiler residencial de dos a tres años, con el argumento de que la norma provocará retracción de la oferta.
Alejandro Juan Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), sostiene que”Si hay más inmuebles para alquiler bien, pero si se retrae la oferta, el proyecto no tiene sentido”.
En tanto, José Rozados, director del sitio especializado Reporte Inmobiliario dijo que “los propietarios pueden llegar a retraer la oferta de sus inmuebles debido a la extensión de los plazos del alquiler residencial, que de dos años pasan a ser de tres años”.
Mario Gómez, miembro del consejo directivo del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires (Cucicba), dice que la iniciativa de la diputada del FPV rionegrino, Victoria Silvina García Larraburu, “pone más restricciones y dificulta la libre contratación entre las partes”.
El proyecto aprobado en el Senado lleva el plazo de los contratos de alquiler residencial de dos a tres años, pone topes a las comisiones de honorarios de las inmobiliarias, limita los ajustes del precio e indica que si hay una inflación superior al 10% el precio del alquiler surgirá de un promedio entre la inflación y el salario.
La asociación civil Inquilinos Agrupados afirmó en un comunicado reciente que “el proyecto que tiene media sanción de la Cámara Alta fue el resultado de un debate que duró un año y consiguió el voto unánime de los 68 senadores y fue redactado por todas las organizaciones de inquilinos del país”.
“Insistimos en la necesidad de darle tratamiento al proyecto que giró el Senado y, a la vez, reafirmamos nuestra voluntad de dialogar y consensuar con todos los bloques políticos una ley que equilibre la relación entre inquilinos y propietarios”, señaló el texto, que advierte que el proyecto en cuestión “implicaría una mejora sustancial en la calidad de vida de 6 millones y medio de inquilinos del país”.