La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal y dispuso, en los hechos, la suspensión de la ley 27.606 que fijó en 2.32 por ciento la participación de la Ciudad en los impuestos que administra el Estado Nacional.
La Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida la Ciudad en 2016, y terminó resolviendo la Corte luego de una instancia larga de mediación y negociación en el ámbito del máximo tribunal.
El expresidente Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión de gobierno, subió la cuota porteña del 1.40 por ciento al 3.75, un incremento que, en septiembre de 2020, en la gestión del Frente de Todos, fue llevada al 2.32 por ciento.
Contra esa decisión recurrió a la Corte el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.
Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó.
Eufórico ante el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que espera que el lunes Nación gire los fondos coparticipables.
«Yo no tengo ninguna duda de que al final del camino esto se va a cumplir”, indicó el titular del Ejecutivo porteño en declaraciones a la prensa, donde estimó que el próximo lunes le giraran el dinero, «porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte», sostuvo.
“Esperemos que sea lo más rápido posible”, dijo Larreta sobre su expectativa en relación al envío de estos fondos, luego de que el Poder Ejecutivo afirmara que el fallo del máximo tribunal era de “imposible cumplimiento” y anunciara su decisión de recusar a los ministros del tribunal supremo.
Por su parte, la administración de Alberto Fernández calificó el fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, a la vez que anunció su intención de recusar a los ministros del máximo tribunal.
Al cuestionar la decisión tomada por el presidente Fernández tras el fallo de la Corte, Larreta consideró que “lo que ha hecho el Presidente no tiene antecedentes en la democracia, es realmente gravísimo, como si fuera un golpe institucional”.
“No cumplir un fallo de la Corte es gravísimo, de lo más grave que ha pasado a nivel institucional en muchas décadas en la Argentina», añadió el funcionario porteño.
Sobre la estrategia que tomará la Ciudad en relación a la postura adoptada por la Casa Rosada, dijo que se utilizarán “todas las herramientas legales e institucionales para hacer cumplir este fallo”, e insistió con que “es una barbaridad institucional lo que está pasando”.
Asimismo, argumentó que “no es una discusión de plata”, al sostener que se trata de “una discusión muchísimo más profunda».
La opinión de los profesionales de la Justicia
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), generó el «conflicto de poderes más grave desde la recuperación de la democracia».
«La resolución cautelar de la Corte suspende la aplicación del Decreto del Presidente (Alberto Fernández) y la ley del Congreso que ratificó las alícuotas dispuestas. Es decir, se alza contra una ley votada en ambas cámaras del parlamento. Es correcto calificar este conflicto entre poderes como el más grave desde el recupero de la democracia», señaló Barcesat.
Para el letrado, «inexplicablemente», la Corte no tuvo en cuenta en esta resolución que «también está rigiendo sobre la Ley del Presupuesto de la Nación que es la ley de leyes, como algunos la bautizan».
«Es la norma que regula el movimiento económico financiero de todo el país. En todo caso hubiera correspondido ampliar el objeto procesal pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de Presupuesto. Pero eso ya hubiera sido el colmo. Faltarían nomas que pidan la inconstitucionalidad de la ley de gravedad y con eso terminarían el disparate», remarcó.
En ese sentido, Barcesat evaluó que la decisión del máximo tribunal creó una situación «de predicamento», porque «haga lo que haga», el Ejecutivo nacional queda en una situación en la cual «siempre quebranta una obligación».
«Si le hace caso a la Corte, estaría quebrando la Ley de Presupuesto y en detrimento de las provincias», afirmó.
En ese marco, Barcesat sostuvo que el Gobierno «está obligado a desobedecer a la Corte reprochando y buscando las vías institucionales para que este fallo quede sin efecto».
«Para eso, el Ejecutivo ha propuesto dos medidas con el aval de los gobernadores de recusar a los cuatro miembros de la Corte y a presentar el pedido de revocatoria de la resolución cautelar dictada», afirmó.
Y señaló que «algunos dicen que la Corte no va a aceptar su recusación y ni el recurso de su reposición y ahí el conflicto se vuelve mayor».
«He aconsejado que, en paralelo a estas mediadas, se promueva el pedido de juicio político y remoción de los cuatro miembros de la Corte. Hay que avisarle a la Cámara de Diputados que ya tienen más de 28 pedidos contra estos magistrados que no se cruce de brazos y que se investigue, que llame a los expertos para debatir», aseguró.
Por otro lado, criticó el fallo al referirse a la Cláusula del Progreso de la Constitución Nacional que establece «la obligatoriedad del Congreso de atender e igualar las condiciones de existencia en las distintas provincias y regiones» y que significa «aportar más para aquellos en peor situación».
Además, señaló que es «algo insólito» hacer lugar a la suspensión del Decreto presidencial después de dos años ya que «uno de los requisitos de las medidas cautelares es la urgencia» y señaló que en este tiempo no hubo «ninguna afectación en los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
Repercusión institucional
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su «preocupación por las implicancias del fallo» de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables.
En un comunicado, titulado «Institucionalidad y federalismo», señaló que «la Coparticipación Federal, como sistema de rango constitucional, coordina la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Con el convencimiento que se deben respetar las instituciones republicanas y la Constitución Nacional, CAME aboga por un entendimiento entre las partes que permita solucionar las diferencias» y «teniendo en consideración el respeto a las decisiones judiciales, así como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación», añadió el escrito.
Para la CAME, «como institución gremial empresaria federal, llama a la responsabilidad de la dirigencia política para encontrar una solución del conflicto cuyas derivaciones, más allá de cuestiones políticas, repercutirá directamente sobre la población argentina».
«Desde la entidad, se expresa la imperiosa necesidad de establecer un mecanismo de distribución de recursos equitativos para todas las provincias del territorio nacional», concluye la misiva.
Por su parte, desde Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) se repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia al considerar que el mismo «lesiona el federalismo».
«Resulta en un fuerte impacto negativo particularmente para la provincia de Buenos Aires, afectando la disponibilidad de fondos para mejorar la salud, educación, seguridad y obra pública, entre otras áreas, perjudicando sobre todo a quienes más necesitan del Estado y de las políticas públicas en nuestra provincia, incluidos sus trabajadores», indicaron desde Cicop.
En tanto que calificaron al fallo como «inédito y determinado por una clara intencionalidad política, el poder judicial, una vez más, interviene políticamente lesionando la democracia, el federalismo y la voluntad popular».
Finalmente, rechazaron «todo intento de intervención del poder judicial en decisiones que están fuera de sus facultades e incumbencia» y se pronunciaron «por una reforma judicial que ponga fin a esta grave situación que debilita nuestro sistema democrático».