Las organizaciones que suscriben este escrito son: «Coordinadora Cromañón», «El Camino es Cultural», «Movimiento Cromañón», «Ni Olvido Ni Perdón», «No Nos Cuenten Cromañón», «Organización 30 de Diciembre», «Que No Se Repita», «Sin Derechos No Hay Justicia», y “Plaza de la Memoria los pibes de Cromañón Presentes”.
Exigen que se cumpla la Ley, sancionada por el Senado en octubre pasado, que declaró «de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde funcionaba Cromañón», localizado en Bartolomé Mitre 3.038/78. Las nueve organizaciones firmantes sostienen que “el efectivo resguardo de las condiciones estructurales del inmueble, como así también de la huella que ha quedado donde sucedió la masacre ha sido para nosotrxs en estos cuatro años el principal y permanente motivo de movilización y demanda”. Al tiempo que hacen hincapié en “la incertidumbre respecto de su conservación”.
En este sentido, consideran que “el Poder Ejecutivo tiene la herramienta legal precisa para la inmediata toma de posesión del inmueble” y afirma que “ese debe ser el camino a seguir, para poder preservar el inmueble, mientras se discute la mejor reglamentación posible de la Ley”.
El inmueble donde funcionó Cromañón estaba a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, pero su verdadero dueño es Rafael Levy, quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión como responsable de varias decisiones vinculadas con el funcionamiento del lugar. Hasta 2018 la situación del inmueble estuvo judicializada pero, en octubre de ese año, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión a la empresa de Levy, sin embargo esta medida no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes, de manera que no pudieron retirar del lugar las pertenencias de los fallecidos y sobrevivientes.
Dentro del local donde funcionó Cromañón quedaron diversos objetos de un alto valor simbólico y afectivo para las familias que fueron tirados cuando se realizaron reformas en el lugar. Por este motivo las organizaciones firmantes solicitan ser tenidas en cuenta al momento de la reglamentación de la ley “para su elaboración, redacción y puesta en funcionamiento».
Foto: Télam