La Defensoría del Pueblo de la Ciudad insta a actuar con responsabilidad y evitar la viralización de este tipo de episodios. En este sentido, emitió una serie de recomendaciones destinadas a las familias para acompañar a niños y adolescentes ante las recientes amenazas que afectaron a distintas escuelas porteñas. El comunicado se conoció luego de que el Gobierno de la Ciudad activara un protocolo específico para estos episodios, que en las últimas semanas generaron temor, interrupción de clases y operativos policiales.
Según expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, “es fundamental que los padres dialoguen con sus hijos y colaboren con las instituciones educativas”. En esa línea, la Defensoría remarcó la importancia de escuchar con calma, evitar la viralización de contenidos alarmantes y canalizar la información por vías formales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo porteña elaboró una serie de recomendaciones claves para las familias, en las cuales se destacan tres ejes centrales.
El primero de ellos se sustenta en escuchar y validar emociones, para lo cual se insta a los adultos a no minimizar el miedo o la incertidumbre que puedan sentir los menores. La disponibilidad para el diálogo es esencial para brindar contención.
El segundo, y tal vez más importante, aconseja no viralizar mensajes, audios o imágenes, dado que la difusión desmedida puede amplificar el pánico, afectar la privacidad de los adolescentes e incluso entorpecer la investigación judicial.
Por último, ante la recepción de un mensaje sospechoso, se insta a informar por canales oficiales y se solicita conservar la evidencia y comunicarla directamente a la escuela o a las autoridades correspondientes.
El organismo también subrayó que las familias “no están solas”, ya que las instituciones educativas y los equipos de protección cuentan con herramientas para intervenir y acompañar.
Las amenazas a instituciones educativas no son un fenómeno nuevo en el país. En los últimos años se registraron episodios similares que obligaron a activar protocolos de seguridad y suspender actividades:
En 2022 y 2023, en la provincia de Buenos Aires, decenas de escuelas recibieron amenazas de bomba, muchas de ellas a través de las redes sociales o por llamadas anónimas. En varios casos, la justicia identificó a menores como responsables, lo que derivó en intervenciones de equipos de niñez y sanciones administrativas para las familias.
En 2023, en la ciudad de Córdoba se produjeron una serie de amenazas en colegios secundarios que generaron evacuaciones y operativos policiales. La Fiscalía de Cibercrimen intervino y advirtió sobre el impacto emocional en estudiantes y docentes.
En 2024, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, varias escuelas recibieron mensajes intimidatorios vinculados a hechos de violencia urbana. Las autoridades reforzaron la presencia policial y trabajaron con equipos de salud mental para contener a la comunidad educativa.
Entre 2017 y 2018, en la Ciudad de Buenos Aires, varias escuelas también fueron blanco de amenazas de bomba, lo que llevó a la Policía de la Ciudad a intervenir en más de 100 operativos en un solo año.
Especialistas en ciberseguridad y psicología educativa coinciden en que se trata de un fenómeno amplificado por redes sociales, por lo que la circulación de mensajes alarmantes por WhatsApp, TikTok o Instagram puede generar un efecto multiplicador. En este sentido, la Defensoría porteña advierte que, en muchos casos, la viralización contribuye a aumentar el miedo colectivo, entorpecer la investigación, exponer a menores de edad y generar imitaciones o “copias” de amenazas previas. Por eso, se insiste en que la responsabilidad digital de las familias es clave para evitar daños mayores.
Lo cierto es que este tipo de fenómenos, abre un debate más amplio sobre el impacto de las redes sociales, la salud mental adolescente y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención en las instituciones educativas.