ASBESTADOS III

Los trabajadores de la línea B de los talleres Rancagua y Urquiza se niegan a realizar tareas de reparación en las formaciones Mitsubishi. Esta retención de tareas se debe a que los operarios no cuentan con las medidas de seguridad que exige la normativa vigente nacional e internacional para la manipulación de asbesto, señalan desde la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP). En tanto que desde Metrovías, empresa que explota la concesión del este servicio público, niegan que falten elementos de seguridad laboral y aseguran que se tomaron medidas de prevención.

Lo cierto es que La contaminación con asbesto en el subte de Buenos Aires ha abierto una crisis de proporciones. La empres Metrovías by Benito Roggio y Horacio Rodríguez Larreta se encuentran en una peligrosa encrucijada. Así lo advirtió, hoy, el legislador porteño Gabriel Solano (FIT): “Los trabajadores del taller Rancagua se encuentran en una situación muy delicada, están siendo sometidos a exámenes para ver presentan cáncer de pulmón a raíz de la contaminación generalizada en el Subte que está exponiendo su salud y la de los usuarios. Esta situación es responsabilidad de la empresa Metrovías y del Gobierno de la Ciudad que compró los vagones contaminados y no dan respuesta frente a esta grave situación. Están poniendo en jaque el servicio porque no han presentado un plan para reparar o reemplazar los vagones contaminados, preservando la salud de los trabajadores. Frente a esta situación reclamamos el inmediato tratamiento de nuestro pedido de informes para que el gobierno de una respuesta. Además vamos a convocar a una audiencia pública en la Legislatura con trabajadores y usuarios”, manifestó.

El 15 de mayo, tras una reunión con los trabajadores del taller Rancagua y de la línea B, Gabriel Solano (FIT), presentó un pedido de informes al Ejecutivo porteño y, durante la sesión de hoy, abogó por su inmediato tratamiento. En el mismo exige al Gobierno de la Ciudad que informe: Si ha realizado estudios sobre el alcance de la contaminación con asbesto en las formaciones de la línea B y el resto de las líneas del subterráneo. Pide que se remitan estos estudios. Solicita informacíón de estudios realizados a los trabajadores de la línea B del resto de las líneas. Solicita información sobre la responsabilidad administrativa y política de los funcionarios involucrados en la compra del material rodante contaminado con asbesto, sanciones adoptadas y nombres de los funcionarios involucrados. Solicita el plan de contingencia para proceder a la descontaminación preservando la salud de los trabajadores, los usuarios y garantizar el servicio.

Difícil es imaginar que un cuerpo parlamentario donde, gracias a la acordada Larreta-Carrió, el oficialismo ostenta la mayoría, apruebe este pedido de informes. Ningún súbdito dejará a su rey desnudo.

En el mes de junio del año pasado, el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur, certificó la presencia de asbesto en las formaciones CAF 5000. El estudio, encargado por los Metrodelegados, reveló la presencia de asbesto, variedad crisotilo, en componentes de los trenes Mitsubishi de la línea B, Nagoya de la línea C y CAF-GEE de la línea E. También se descubrió partículas de asbesto en talleres, instalaciones fijas del Subterráneo, escaleras mecánicas y techos de vestuarios de los trabajadores. Por entonces moría un trabajador del metro de Madrid enfermo de cáncer causado por asbesto. Y, precisamente, es en esa ciudad europea y dónde los funcionarios del Gobierno porteño adquirieron, a precio de cero kilómetro, las formaciones para la línea B, contaminadas por el material cancerígeno.

Tuvo que activarse una denuncia del gremio AGTSyP para que Metreovías y el Gobierno porteño se dispusieran a retirar de circulación las formaciones CAF 5000 de la línea B, cuya contaminación fue confesada por los españoles. A partir de allí las dilaciones y trabas de la parte Metrovías fueron superadas por la acción del sindicato y sus delegados, que recogieron muestras para ser estudiadas en la Universidad del Sur. Una comisión mixta para tratar el tema, en cambio, se mostró totalmente inoperante. Mientras que la Policía de Trabajo, que debiera actuar de oficio,  se limita a decir que no hay pruebas suficientes.

La crisis dio un salto cuando los trabajadores de Taller Rancagua –línea B-  alertados por un cursillo recibido, sobre la patogenicidad del asbesto, el peligro de su manipulación y la ilegalización de su uso a nivel internacional, decidieron no tocar formaciones contaminadas ni sospechosas, con su consecuencia: el retraso del manteamiento y la amenaza del colapso del tráfico de la línea.

Metrovías y el Ejecutivo porteño niegan la existencia de la contaminación, condición excluyente para la elaboración de un plan de desamiantación, proceso que debe abarcar trenes, estaciones y túneles, dada la volatilidad y dispersión de las partículas microscópicas del material contaminante, cuya absorción pulmonar o digestiva no provoca síntomas inmediatos, pero se aloja irreversiblemente en  tejidos blandos, como los pulmones, pudiendo producir enfermedades graves que se evidencian hasta 20 o 40 años luego de la exposición, entre ellas el cáncer. “No quieren asumir los costos; menos en vísperas de la licitación para la renovación de la concesión. Pretenden que los trabajadores continúen su tarea, ofreciendo medios de protección de eficacia no comprobada y sin protocolos internacionales sobre el particular”, señala Gabriel Solano.

La manipulación de amianto o asbesto está expresamente prohibida  en todo el país desde el año 2003. La Resolución 823 de 2001, dictada por el entonces Ministro de Salud de la Nación, Héctor Lombardo, expresa: “Prohíbase la producción, importación, comercialización y uso de fibras de Asbesto variedad crisotilo y productos que las contengan, a partir del 1° de enero de 2003”. Los considerandos de esta normativa están sustentados en la existencia de pruebas científicas concluyentes de los efectos carcinogénicos de la exposición al asbesto o amianto, comprobadas por  la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Organización Mundial de la Salud (OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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