La tarde del sábado 4 de abril, una multitud invadió las calles de Buenos Aires y de distintas ciudades de Argentina; el viento frío que venía del río marrón no apagó las antorchas, las avivó. En Callao y Corrientes, la respiración colectiva creció hasta que la avenida se volvió una procesión de fuego lento. Los manifestantes portaban carteles escritos con letras urgentes: “La Ley de Glaciares no se toca”, “El agua vale más que todo”, “No tienen licencia social”. Y una certeza compartida de que «el agua no es un recurso más, sino el pulso por donde fluye la vida».
Mientras la columna avanzaba, la ciudad la observaba desde balcones, bares, ventanas empañadas de colectivos. Algunos aplaudían. Otros filmaban. Otros simplemente miraban, como si algo en esa marcha les develara una verdad. En el aire flotaba el olor ardiente de un otoño recién estrenado. Y también sonaba la música, los tambores que marcaban el paso, las voces. Cada cuerpo era un territorio. Cada paso, una declaración.
Pero el Congreso apareció como una muralla cercada, como ese insólito e inalcanzable castillo kafkiano, protegido por una pretoriana guardia policial que acechaba desde motos y patrulleros. La multitud no se detuvo. Se acomodó frente a las rejas. Y allí, en ese borde entre lo permitido y lo prohibido, empezó la otra parte de la noche. Un escenario improvisado, un micrófono que acoplaba, una guitarra que buscaba afinación. La música corría entre la gente como corre el agua entre las piedras: encontrando siempre un camino. Buenos Aires no marchó sola. En Trelew hubo un festival. En Ushuaia, una vigilia. En El Bolsón, un micrófono abierto. En Villa Gesell, una marcha junto al mar. En cada lugar, la misma idea: que defender los glaciares es defender el agua, y defender el agua es defender la vida. Y aunque la votación del 8 de abril se acerca como una tormenta, esa noche hubo algo más fuerte que el miedo: la sensación de que, por un momento, el país entero respiraba al mismo ritmo.
Fin de la poesía. ¿A quiénes beneficia la reforma de la Ley de Glaciares?
El Senado aprobó el 26 de febrero de 2026 una reforma de la Ley de Glaciares que cambia el criterio con el que se define qué áreas quedan bajo protección. El proyecto deja de apoyarse en prohibiciones generales y pasa a un esquema que condiciona las restricciones a la llamada “función hídrica relevante” y a evaluaciones de impacto. Para organizaciones científicas y ambientales, el giro abre la puerta a habilitar actividades en zonas que hasta ahora estaban vedadas y, con eso, reduce la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
La norma vigente (Ley 26.639, sancionada en 2010) declara a los glaciares y al ambiente periglacial “reservas estratégicas” y prohíbe allí actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos. También creó el Inventario Nacional de Glaciares, que elabora el IANIGLA. Ese relevamiento identificó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera.
La reforma aprobada en el Senado reordena ese esquema en tres puntos. Redefine el ambiente periglacial y distingue entre “área periglaciar” y “geoformas periglaciales”, con distintos niveles de protección. Además, supedita el alcance de la ley a la demostración de una “función hídrica relevante”, un criterio que —según advierten especialistas— podría habilitar proyectos extractivos en sectores antes alcanzados por la prohibición. Por último, amplía el margen de decisión de las provincias para incorporar o excluir cuerpos de hielo del inventario, lo que, para sus críticos, debilita el estándar nacional de protección.
El proyecto desató rechazos en el ámbito científico y en organizaciones socioambientales, que concentran sus críticas en tres ejes. El IANIGLA, organismo a cargo del inventario, sostuvo que no fue consultado sobre los cambios, un punto sensible porque la reforma toca definiciones que impactan en su trabajo técnico. También cuestionan la posible reducción del área protegida: al atar la protección a la “función hídrica relevante”, quedarían afuera geoformas con hielo mínimo o con aportes indirectos, pese a que cumplen funciones ecológicas y de regulación hídrica.
El tercer foco es el riesgo sobre la seguridad hídrica. En regiones áridas y semiáridas, los glaciares y el ambiente periglacial funcionan como reservorios naturales que regulan caudales y sostienen ecosistemas y actividades humanas. En paralelo, las organizaciones que apoyan la reforma y el Gobierno plantean que la ley actual limita inversiones y que la modificación permitiría avanzar con proyectos vinculados a minerales clave para la transición energética, como el cobre y el litio. Para sus detractores, ese objetivo no justifica recortar la protección de ecosistemas esenciales en el contexto de la crisis climática.
Audiencia pública: tensiones, impugnaciones y un debate cuestionado
El 25 de marzo de 2026, en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, comenzó la audiencia pública para debatir la reforma. El foco de la controversia fue el cupo: se habilitó la exposición de 200 personas, frente a un universo de 200.000 inscritos. El reglamento preveía un máximo de cinco minutos por orador, aunque los participantes denunciaron que el tiempo se redujo sobre la marcha.
Minutos antes del inicio de la primera jornada, legisladores de la oposición presentaron una impugnación formal. Plantearon que la convocatoria vulneraba el Reglamento de la Cámara, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que garantiza participación y acceso a la información ambiental. El argumento central fue que la ciudadanía no podía intervenir en condiciones equivalentes. Afuera del edificio, organizaciones socioambientales denunciaron restricciones de acceso y falta de confirmación de turnos para expositores.
La audiencia arrancó con gritos y pedidos de suspensión. Varios oradores abrieron su intervención con cuestionamientos a la transparencia del proceso y a las condiciones de participación. Pese a los reclamos, el oficialismo sostuvo el cronograma. La jornada incluyó interrupciones, discusiones entre legisladores y objeciones sobre la validez del procedimiento.
La segunda jornada, dedicada a exposiciones virtuales, también recibió críticas. La modalidad —subir un video a YouTube y compartirlo en la pestaña “Comunidad”— fue señalada como una barrera para quienes no tenían conectividad o conocimientos técnicos. Aunque no hubo una suspensión formal, la audiencia quedó atravesada por impugnaciones parlamentarias, presentaciones judiciales y protestas en la calle. Con la votación prevista para el 8 de abril, la reforma llega al recinto con un proceso participativo bajo cuestionamiento y un clima social de movilización.