Arte Cinema, nació en 2009 como una iniciativa privada bajo la tutela de Diego Dubcovsky, Daniel Burman, Pablo Rovito, Fernando Sokolowicz y los españoles José María y Miguel Morales. Desde entonces, las tres salas ubicadas en Salta 1620, se dedicaron a ofrecer cine local y de autor. En términos económicos el proyecto no fue redituable para sus dueños. En 2011 el INCAA se hizo cargo del alquiler de la sala, del pago de los gastos de mantenimiento y de los sueldos del personal. La recesión económica que hizo pie en nuestro país a partir de 2015, provocó que, de los 22 mil espectadores que Artecinema tenía en 2011, se redujeran a 100 mil en el último año.
Es por esta razón, que el mismo organismo que antes recuperó este espacio, el INCAA, ahora anuncia su cierre. El próximo 31 de julio está previsto que salas dejen de funcionar. La comunidad audiovisual, directores, cinéfilos y vecinos, han expresado su preocupación a las nuevas autoridades del INCAA, y se están organizados para evitar la pérdida de un nuevo espacio cultural.
Recientemente, ingresó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración donde se solicita que se arbitren las medidas necesarias ante al Ministerio de Cultura de la Nación. Los legisladores porteños Andrea Conde y José Cruz Campagnoli presentaron esta iniciativa a fin que el Parlamento local exprese “su preocupación frente a la intención de cerrar el complejo de Cine Artecinema ubicado en el barrio de Constitución”. Al mismo tiempo, solicitan al Ministerio de Cultura de la Nación que arbitre las medidas necesarias para que este espacio cultural siga funcionando en los términos que lo venía haciendo con el apoyo del INCAA.
Por otra parte, la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal solicitó, mediante un oficio judicial, al Ministerio de Cultura de la Nación que evite el cierre del complejo Cine Arte Cinema. Según la información que maneja este organismo, el 31 de julio próximo finaliza el convenio que el complejo tiene con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Ante esta situación, los usuarios de la sala cinematográfica conformaron una Asamblea barrial que mediante un petitorio en contra del cierre de la sala de proyección obtuvo el respaldo de miles de personas, en su mayoría vecinos del barrio, además del apoyo de organizaciones de cineastas y murgas, entre ellas: “Resaca murguera” y “Garufa de Constitución”; Centro de estudiantes de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes”; los agrupamientos de actores “Merda en Acción” y “Mujeres cineastas”, y del sindicato que los nuclea (Asociación Argentina de Actores); y los estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Asimismo, expresaron su adhesión al reclamo medios de comunicación alternativa.
Teniendo en cuenta esos aspectos, los ediles fundamentan su proyecto en que el derecho de los pueblos y las comunidades al acceso a la cultura debe ser contemplado en un sentido amplio. Por lo que consideran que «las autoridades deben propender a la expansión del acceso a los bienes culturales y promover políticas públicas activas en esa dirección; y que nuestro país ha asumido la responsabilidad internacional al comprometerse a adoptar las medidas pertinentes para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia y cultura (art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos) y también a una mejora permanente de las condiciones de existencia de los ciudadanos (art. 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y a través de numerosos tratados internacionales que van en ese sentido, así como la declaración Universal de los Derechos y Deberes del hombre; y que el acceso a la cultura es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que impone a los Estados parte el deber de proveer a “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad” (art. 22)”.
Más allá de las buenas intenciones que pueda tener este proyecto de declaración legislativa, los empleados y el personal de este espacio manifiestan que les están llegando telegramas de despido. Y adjudican esta medida a los convulsionados tiempos que vive el INCAA desde la salida de Alejandro Cacetta como presidente del organismo. “Desde entonces se encendieron las alarmas respecto a la aplicación de políticas de ajustes en el ámbito cinematográfico”, señalan y aseguran que desde hace un mes el edificio fue tasado por un grupo inmobiliario. En tanto, desde el INCAA se niegan a hacer declaraciones.