Bajo la consigna: «Se busca garantizar la impunidad del expresidente Mauricio Macri y cristalizar el lawfare», organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharon este mediodía a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires en rechazo a la ley sancionada por la Legislatura que habilita a la justicia porteña a apelar fallos de la justicia nacional.
En el curso de esta movilización, el dirigente de la CTA Pablo Kleiman advirtió que “la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales y CABA no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la Constitución”.
“Esto es un intento más de aquellos que se dicen defensores de la república y de la división de poderes y de las instituciones, se rasgan las vestiduras por eso, pero en la práctica violentan la constitución”, agregó y consideró que “Es grave porque lo van a usar para beneficiar a Macri, estamos acostumbrados a la impunidad de los poderosos, pero va a ser muy perjudicial para la clase trabajadora porque van a poder revisar los fallos laborales por eso están presentes varios sindicatos”, añadió.
La ley, que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña, fue sancionada el jueves pasado en la Legislatura con el apoyo de legisladores del oficialismo.
Con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-, quedó sancionada una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ que habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
La ley fue rechazada por autoridades nacionales y de la justicia, entre ellas la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn)m, que, a través de un duro comunicado de prensa manifestó criticó la «transferencia» de competencias y órganos judiciales y de los Ministerios Públicos Nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
«Rechazamos enfáticamente los proyectos de ley que se han presentado ante la Legislatura porteña, pretendiendo erigir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ‘Tribunal Superior de la Causa’ en procesos que tramitan ante la Justicia Nacional», indicó el comunicado difundido por la Asociación.
En dicho documento, se caracterizó a esta iniciativa como «otro avasallamiento pretendiendo vulnerar las competencias de nuestra Constitución Nacional» y se sentenció que la ciudad de Buenos Aires, «aun con su régimen de gobierno autónomo, no es una provincia de las que constituyeron la Federación, sino un territorio federalizado en 1880 como traumática culminación del proceso de organización nacional».
La Legislatura porteña debatirá hoy en el recinto un proyecto del bloque oficialista Vamos Juntos, que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional.
En este sentido, la Asociación advirtió que «quienes hacen público su interés en la desarticulación de la Justicia Nacional de la Capital Federal confunden el traspaso de competencias con el impropio ‘traspaso’ de órganos judiciales y del Ministerio Público» y enumeraron en el comunicado distintas maniobras realizadas por la justicia porteña «para atribuirse competencias que le son ajenas».
«Frente al fracaso, se intenta este nuevo camino, tan improcedente como el anterior, y que ahora involucra en el desaguisado a otro órgano local como es la legislatura porteña», se afirmó en el texto difundido por esta entidad.
El proyecto que llegará al recinto se titula «Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales»; sin embargo, uno de sus artículos modifica la ley 402, de «procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad».
Dicha modificación pretende establecer que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la CABA puedan proceder «contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal».
Finalmente, la Asociación sostuvo que «llama poderosamente la atención la falta de conocimiento de la realidad de la justicia nacional que informan los proyectos, cuyo único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos, generar una situación de incertidumbre general respecto de los órganos competentes para finiquitar los recursos ordinarios y dar lugar a un conflicto institucional sin precedentes».