Miles de trabajadores y organizaciones sociales y políticas confluyeron en Plaza de Mayo este jueves 18 para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria, promovida por la CGT, concentró a sindicalismo combativo, agrupaciones de izquierda, piqueteras y columnas de jubilados; además, se observó la presencia de Madres de Plaza de Mayo y referentes del peronismo, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La jornada transcurrió entre reclamos y advertencias. Antes de los discursos de la cúpula cegetista se leyó un documento que calificó al proyecto, ya en tratamiento en el Senado, como una iniciativa que “no actualiza el derecho al trabajo ni va a generar nuevos empleos; promueve empleos precarios y despidos baratos”. Ese diagnóstico fue complementado en el acto por denuncias concretas: Cristian Jerónimo, del sector del vidrio, recordó los “276 mil puestos de trabajo perdidos” y las “20 mil empresas cerradas” desde el inicio del gobierno, cifras que funcionaron como telón de fondo de la protesta y justificaron la alarma sindical.
El acto central se desarrolló alrededor de las 15 y contó con las intervenciones de Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo y Jorge Sola (Seguro), integrantes del triunvirato que conduce la CGT. Tanto Argüello como Sola calificaron la movilización como el arranque de un plan de lucha y dejaron abierta la posibilidad de un paro nacional. Sin embargo, esa amenaza no fue acompañada por el anuncio de medidas concretas: no se informó una fecha ni una escala de acciones que pusiera la incertidumbre real al gobierno. Esa falta de decisión residualizó la protesta y alimentó críticas desde sectores más combativos, que demandan un plan de lucha con asambleas y un llamado efectivo a huelga general.
La masividad y la pluralidad de la movilización contrastaron con una percepción extendida entre asistentes y observadores: la conducción cegetista no “se jugó a fondo”. La convocatoria, menor de lo previsto por propios y ajenos, quedó registrada como una demostración de fuerza insuficiente para frenar el avance legislativo. En ese sentido, el tono del cierre fue simbólico: Sola apeló a la mística peronista —“con la bandera de la justicia social, volvamos a emocionar”— y la movilización concluyó con la marcha peronista, un gesto dirigido a recomponer unidad, pero que para críticos y activistas no sustituye la concreción de medidas de presión.
La escena en Plaza de Mayo mostró además la coexistencia de distintas estrategias de oposición: mientras la CGT busca combinar presión social con negociación política, el sindicalismo combativo y la izquierda impulsan la radicalización de la protesta; las organizaciones piqueteras, por su parte, reclaman coordinación y continuidad en la calle. Esa diversidad expresó tensiones profundas sobre cómo enfrentar un proyecto que, según los dirigentes presentes, desmantela protecciones laborales y restringe el derecho a huelga.
El saldo inmediato de la jornada es político y simbólico: la movilización resignifica el rechazo popular al proyecto y pone en evidencia la capacidad de convocatoria de los sectores organizados. Pero, en clave estratégica, dejó una pregunta abierta: sin la concreción de medidas de fuerza que obliguen al gobierno a retroceder, la protesta corre el riesgo de convertirse en acto testimonial. En el corto plazo, la discusión se trasladará a las salas del Senado y a las mesas de negociación; en la calle, las corrientes más combativas presionarán para transformar la advertencia en paro. De allí dependerá, en buena medida, si la movilización de hoy será recordada como el inicio de una resistencia contundente o como una señal de alarma que no alcanzó para frenar la reformulación laboral anunciada por la Casa Rosada.