La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados alerta a través de un nuevo comunicado de prensa sobre la reciente implementación de un conjunto de disposiciones que alteran significativamente la Constitución Nacional, generando un profundo debate en la sociedad argentina. «Estamos hablando del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno de Milei, el cual ha sido comparado con el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional instaurado durante la última dictadura militar», indican.
«Lo cierto es que pese a que el Senado rechazó este decreto, su vigencia persiste, con excepción de algunos aspectos que fueron anulados por decisiones judiciales, debido a que aún no ha sido sometido a revisión en la Cámara de Diputados. La falta de interés en abordar este tema en el ámbito legislativo plantea serias interrogantes sobre su continuidad y legitimidad».
«En paralelo -continúa diciendo el escrito-, el Senado ha puesto en consideración la denominada Ley Bases, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados».
La incertidumbre en torno al resultado de una eventual votación en la Cámara Alta genera un clima de tensión y preocupación entre los ciudadanos. En este sentido, desde la Mesa de Jubilados y Pensionados, sentencian «A pesar de las evidentes implicancias negativas que esta ley podría tener para el país, su población y la clase trabajadora, nos encontramos ante un desafortunado espectáculo protagonizado por aquellos que deberían velar por el bienestar de la población y en quienes se deposita la confianza para representar los intereses del pueblo. En cierto sentido, esto recuerda a la infame Ley Banelco de la Alianza, evidenciando la falta de transparencia y de ética en la toma de decisiones políticas».
«Al analizar ciertos eventos particulares, surge la pregunta sobre los motivos detrás de los acuerdos económicos parciales del Ejecutivo nacional con la Universidad de Buenos Aires, en detrimento del presupuesto de las otras 60 universidades nacionales. Asimismo, resulta cuestionable la preferencia por avanzar en la creación de la Universidad de Río Cuarto en lugar de priorizar otras instituciones aprobadas por ley», admiten en el escrito, tras lo cual se preguntan «¿Acaso esto responde a un intento de asegurar votos en el Senado? ¿Podría repetirse este patrón con otros senadores en el futuro?».
La Ley Bases representa una cesión significativa de la soberanía nacional en favor de intereses corporativos y financieros. Su propósito parece ser el de intensificar la explotación de los recursos naturales argentinos sin un beneficio real para el país. Además, se plantea la regularización de capitales de origen dudoso y la promoción de inversiones extranjeras a niveles desproporcionados, lo que podría situar a Argentina en una posición de subordinación y dependencia económica en el siglo XXI. Por si fuera poco, se pretende impulsar una reforma laboral que favorecería a estos capitales depredadores, protegiéndolos y otorgándoles ventajas, mientras que se recortarían derechos fundamentales de los trabajadores adquiridos a lo largo de la historia.
En lo que respecta a los jubilados, plantea un escenario preocupante en el cual aquellos que cumplen con los requisitos de edad y años de aportes se enfrentarían a la pobreza, mientras que quienes no cuenten con los beneficios de moratorias sólo recibirían una pensión mínima, empujándolos hacia la indigencia. La propuesta de reducir la movilidad jubilatoria a un simple ‘subsidio a la vejez’ representa una amenaza para la seguridad financiera de este sector de la población, que ha contribuido al desarrollo del país y merece un trato digno y justo en su etapa de retiro.
Ante este panorama preocupante, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados convoca a la movilización de diversos sectores sociales, políticos, sindicales, estudiantiles y culturales, con el objetivo de expresar de manera contundente el rechazo a la implementación del DNU y a la eventual aprobación de la Ley Bases. Es fundamental que la voz del pueblo se escuche y se tome en cuenta en las decisiones que afectarán el futuro de la nación.
Es imperativo que se promueva un diálogo abierto y transparente sobre estas cuestiones cruciales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos argentinos. Solo a través de la participación y la unidad de la sociedad civil se podrán defender y preservar los valores democráticos, la justicia social y el bienestar de todos los habitantes de Argentina.