La justicia porteña dispuso un embargo de 150.000 pesos sobre las cuentas bancarias del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, por no haber pagado la multa que se le había impuesto tras incumplir con la orden de controlar a las inmobiliarias y evitar el cobro de comisiones ilegales, informó hoy Inquilinos Agrupados.
«Es evidente que el Colegio no cumple con las funciones que le ha delegado la Legislatura porteña con la ley 2.340 (de corredores inmobiliarios), por lo tanto es necesario y urgente re definir quién debe controlar a las inmobiliarias de la Ciudad para que los inquilinos alquilemos de forma justa», dij Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.
El embargo fue dispuesto este martes por el El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 17, a cargo de Marcelo Segón, y es consecuencia del amparo iniciado en marzo último por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la agrupación Inquilinos Agrupados contra una resolución del Colegio que autorizaba a las inmobiliarias a cobrar comisiones por encima del tope legal -que surge de la ley 2.340- del 4,15 por ciento del monto total del contrato.
En mayo último, Segón dispuso la suspensión de la resolución del Colegio; del mismo modo que ordenó al ente vigilar que las inmobiliarias difundieran el amparo y que no superaran el límite establecido en la ley.
A pesar de la decisión judicial, el Colegio «no controló adecuadamente a los corredores inmobiliarios, permitiendo que las inmobiliarias continúen con la práctica ilegítima de cobrar más de un mes de alquiler a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires», informó la Asociación.
Frente a las denuncias de incumplimiento presentadas por las defensorías del Inquilino y General de la Ciudad, el Juzgado impuso al Colegio una multa de 150.000 pesos; como tampoco pagó la multa, el 8 de noviembre se resolvió judicialmente embargar sus cuentas bancarias.
«Las instituciones impulsoras de la acción judicial ven en el embargo dispuesto un avance hacia el efectivo cumplimiento de las obligaciones legales de las inmobiliarias -y del Colegio que debe controlarlas-, y esperan que sea la última vez en que deba recurrirse a estas medidas extremas para garantizar el acceso justo al alquiler en la Ciudad de Buenos Aires», concluye el comunicado de la Asociación Civil.
«Es evidente que el Colegio no cumple con las funciones que le ha delegado la Legislatura porteña con la ley 2.340 (de corredores inmobiliarios), por lo tanto es necesario y urgente re definir quién debe controlar a las inmobiliarias de la Ciudad para que los inquilinos alquilemos de forma justa», dij Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.
El embargo fue dispuesto este martes por el El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 17, a cargo de Marcelo Segón, y es consecuencia del amparo iniciado en marzo último por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la agrupación Inquilinos Agrupados contra una resolución del Colegio que autorizaba a las inmobiliarias a cobrar comisiones por encima del tope legal -que surge de la ley 2.340- del 4,15 por ciento del monto total del contrato.
En mayo último, Segón dispuso la suspensión de la resolución del Colegio; del mismo modo que ordenó al ente vigilar que las inmobiliarias difundieran el amparo y que no superaran el límite establecido en la ley.
A pesar de la decisión judicial, el Colegio «no controló adecuadamente a los corredores inmobiliarios, permitiendo que las inmobiliarias continúen con la práctica ilegítima de cobrar más de un mes de alquiler a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires», informó la Asociación.
Frente a las denuncias de incumplimiento presentadas por las defensorías del Inquilino y General de la Ciudad, el Juzgado impuso al Colegio una multa de 150.000 pesos; como tampoco pagó la multa, el 8 de noviembre se resolvió judicialmente embargar sus cuentas bancarias.
«Las instituciones impulsoras de la acción judicial ven en el embargo dispuesto un avance hacia el efectivo cumplimiento de las obligaciones legales de las inmobiliarias -y del Colegio que debe controlarlas-, y esperan que sea la última vez en que deba recurrirse a estas medidas extremas para garantizar el acceso justo al alquiler en la Ciudad de Buenos Aires», concluye el comunicado de la Asociación Civil.