Un informe elaborado en forma conjunta por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa analiza el aumento y la transformación de los desalojos y desocupaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando su impacto en familias vulnerables y la expansión de mecanismos administrativos sin seguimiento adecuado.
Aumento y transformación de desalojos en 2026
La política de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un incremento y un cambio cualitativo en 2026, impactando a familias vulnerables. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, se registraron 621 desalojos que afectaron a 4.482 personas, incluyendo 1.409 niñas, niños y adolescentes (NNyA). La tendencia muestra un aumento sostenido, con un posible récord en 2026 si se continúa a este ritmo.
En 2024, el 98% de los desalojos fueron judiciales; en 2026, el 58% fueron administrativos, en particular por clausuras. Estos desalojos administrativos —ordenados por el Ejecutivo porteño— superan en 2026 en número a los judiciales, afectando a 222 familias y 215 NNyA en los primeros meses. Las clausuras totales pasaron del 2% en 2024 al 56% en 2026, con un crecimiento exponencial. La mayoría de los desalojos (96%) afectan propiedades privadas, con menor impacto en inmuebles públicos y nacionales.
Cambio en los mecanismos y condiciones de desalojos.
El uso de mecanismos administrativos, especialmente por riesgo de derrumbe, ha aumentado, con requisitos legales y condiciones de validez que no siempre se cumplen. Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, el 58% de desalojos fueron administrativos, en contraste con el 2% en 2024. La desocupación por riesgo estructural se basa en el art. 12 del Decreto 1510/97, que requiere informes técnicos y proporcionalidad. En 2026, el 33% de las inspecciones fueron realizadas por la Jefatura de Gabinete, cuestionando su carácter técnico. La validez de clausuras requiere informes técnicos verificables, identificación precisa y medidas proporcionales, lo cual no siempre se cumple. La intervención en inspecciones y clausuras ha sido mayoritariamente por la Guardia de Auxilio y Emergencias, con participación de otras dependencias del Ministerio de Seguridad.
Impacto en derechos humanos y vulnerables
Los desalojos impactan directamente en los derechos fundamentales de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. La ejecución de cláusulas sin garantías viola derechos constitucionales e internacionales, como el PIDESC y la Convención sobre Discapacidad.
Por otra parte, la inmediatez de estos procedimientos y la falta de registros dificultan el ejercicio del derecho a la defensa y la protección de las familias vulnerables.
El desalojo impacta en la educación, salud y vínculos sociales de NNyA y en la continuidad de sus condiciones de vida. No existen registros sobre la cantidad de personas con discapacidad desalojadas ni su destino posterior.
En tanto que la política de desalojos reduce la oferta de vivienda accesible, afectando principalmente barrios con alta densidad de vivienda popular. La contracción de la oferta de vivienda y la concentración en barrios vulnerables agravan la crisis habitacional.
En este sentido, los desalojos contribuyen a la expansión de la población en situación de calle, que en 2025 sumaba 5.176 personas, con un aumento en los últimos cuatro años.
Respuesta habitacional y sistema de protección
La respuesta del Estado es insuficiente y fragmentada —sostiene el informe—, centrada en subsidios y centros de inclusión social, sin un seguimiento adecuado. Las políticas se limitan a ofrecer ingreso a centros de inclusión social (paradores para pernoctar) o subsidios habitacionales provisorios en hoteles precarios. No se considera la trayectoria habitacional de las familias, mientras que las que acceden a algún subsidio enfrentan dificultades para mantener la permanencia en el lugar.
Tampoco, señala el escrito, existen un protocolo unificado ni registros centralizados de desalojos y personas afectadas, en tanto que la oferta de vivienda social es insuficiente y se reduce en barrios vulnerables, afectando la disponibilidad de viviendas accesibles.
Por último, la política de desalojos masivos impacta en la saturación del sistema de asistencia social, aumenta la población en situación de calle y contribuye a profundizar la crisis habitacional de los sectores de bajos recursos.
Recomendaciones y acciones solicitadas
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa solicitan al GCBA acciones para mejorar la situación y garantizar derechos. En primer término, sugieren convocar un espacio de trabajo interinstitucional para unificar y monitorear la información de desalojos. En segundo lugar, elaborar y aprobar un protocolo único, integral y normativo que garantice derechos y establezca parámetros claros para desalojos. Como tercera medida, exigen implementar mecanismos de seguimiento y registros consolidados sobre las familias desalojadas. Y, por último, no menos fundamental, garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los procedimientos y evitar desalojos sin las garantías mínimas internacionales y constitucionales.