Desde hace muchos años, Lucas Seghezzo es cafetero del barrio de Flores, vende café en los locales comerciales de la zona, carga un carro con termos, vasos y azúcar o edulcorante. El sábado 28 de abril, mientras se encontraba en un local de una galería comercial de la Av. Avellaneda, en un operativo muy violento ejercido por alrededor de veinte personas, entre inspectores del Ministerio de Espacio Público efectivos de la Policía de la Ciudad, le secuestraron su carro y sus termos. Pero también se lo imputó por resistencia y atentado a la autoridad y estuvo preso durante 14 horas.
Lucas es un trabajador que se gana la vida vendiendo café en los comercios de un barrio donde todos lo conocen, es inocente de los cargos que se le imputan. Él, como decenas de vendedores ambulantes que detenidos a diario en las calles de la Ciudad, son víctimas de la precarización laboral y la creciente indigencia. Pero también es víctima de la complicidad policial con el Ejecutivo porteño a la hora de armar causas para criminalizar a la población vulnerable que habita las calles porteñas. Como si la judicialización resolviera este problema social.
En este sentido, Omar Guaraz, representante de la organización Vendedores Libres que integra de la Central de Trabajadores del Estado, sostiene en un comunicado de prensa “El armado de causas es una política de Estado en la Ciudad, una estrategia represiva que Larreta utiliza para disciplinar a los trabajadores y generar mediante el terror estatal el abandono de la actividad a miles de Trabajadores que utilizan la venta ambulante como un modo de supervivencia”.
“Esta es la tercera vez que Lucas Seghezzo atraviesa por esta situación de violencia institucional, siempre los mismos policías y el personal contratado por el Ministerio de Espacio Público. Hace un mes denunció a los mismos policías e inspectores por robo y lesiones”, dice Guaraz y agrega, “denunciar los excesos y delitos de Funcionarios públicos en vez de contrarrestar la impunidad, expone a las víctimas a una clara persecución por parte de los mismos funcionarios que hoy gozan de una impunidad absoluta”.
Hace dos meses los delitos por abuso de autoridad y otros que involucran funcionarios públicos y policía pasaron de la justicia Nacional a la Justicia Porteña. El Ministerio público fiscal está cargo de Luis Cevasco. Este funcionario es quien debe impulsar las investigación de tanto de los excesos policiales, como de la arbitrariedad de los inspectores del Ministerio de Espacio Público. “Desde hace meses, el Ministerio Público Fiscal viene ‘cajoneado’ denuncias graves y obstaculizado decenas de denuncias de Vendedores Libres en un contexto de violencia planificada y de abusos sistemáticos contra nuestro sector”, dice Guaraz.