La jueza contravencional de faltas Claudia Amanda Alvaro resolvió una medida de restricción a tres integrantes de la Cooperativa Mom, que les impide acercarse a los talleres de la empresa en un radio de 500 metros, debido a una denuncia por parte de la patronal relacionada con «amenazas y libre circulación». Los asociados esperan hace 14 meses en la puerta un aval judicial para hacerse cargo de la planta, después de que el empleador incumpliera sucesivamente el pago de sueldos, vacaciones y aguinaldos, y fueran desalojados por la Policía y Gendarmería.
«Este es un caso donde el Poder Judicial aplica el Código Penal a un conflicto laboral, negándoles a los trabajadores el elemental derecho de protestar y manifestarse por sus salarios y fuente de trabajo», denunció la Federación Gráfica Bonaerense en un comunicado.
El conflicto laboral se inició en mayo de 2012, cuando los trabajadores de la empresa Lanci Impresores iniciaron una permanencia en la puerta del taller, ante la falta total de pago de salarios y el abandono del empresario Christian Langenheim.
En ese contexto, conformaron una cooperativa y acampan en la calle para proteger la planta y evitar el vaciamiento de máquinas u otras maniobras especulativas por parte del empresario, desde que el 14 de mayo fueron violentamente desalojados por la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Ese día, la orden fue impartida por la jueza Claudia Alvaro, que en las últimas horas dictó una nueva medida de restricción contra los trabajadores.
Tras 112 días de acampe, los trabajadores de la gráfica recuperada evidenciaron las maniobras judiciales que impide a cuatro cooperativistas acercarse a menos de 500 metros de la planta del barrio porteño de Pompeya, que quieren volver a poner en funcionamiento. En conferencia de prensa, rechazaron el fallo de la jueza Claudia Alvaro.
«Fue al azar la elección de los compañeros y justamente con esta actividad queremos evitar que sigan avanzando sobre el resto porque si no la causa perdería sentido, ya que si estuviéramos a cinco cuadras podrían vaciar la fábrica y nosotros estamos haciendo la permanencia en la carpa, cuidando las fuentes de trabajo y a la planta», señaló Adrián Leguizamón, asociado de la Cooperativa Mom.
Junto con asesores de la Federación Grafica Bonaerense, los trabajadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron que «el conflicto viró hacia el peor escenario, la represión penal», luego de que la semana pasada la Jueza de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Alvaro, resolviera la medida de restricción para cuatro de ellos.
«Sostenemos que el conflicto debe solucionarse mediante el dialogo de las partes en el ámbito del derecho laboral, el Derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política social del Estado y no puede utilizarse a modo de herramienta que limite o restrinja las garantías constitucionales de protección del trabajo», expresaron.
Los trabajadores fueron acompañados por más de 100 personas, entre los que estaban los legisladores Delia Bissutti y Francisco Nenna, cooperativistas, vecinos y referentes del sector gráfico.
«Vamos a seguir esta pelea junto a ellos hasta logar que con la cantidad de deudas que tienen logren definitivamente establecer la quiebra, lo que permitirá que vuelvan a tomar el trabajo en sus manos. Las peleas que no se abandonan son las que triunfan, y no vamos a abandonarlos», acentuó Bissutti.
Hace 14 meses que los socios de Mom aguardan un aval judicial para hacerse cargo de la planta, tras ser desalojados por la Policía y Gendarmería. «Llevamos 112 días en la carpa tratando de mantener nuestras fuentes de trabajo e intentando evitar el vaciamiento de la empresa. Repudiamos que nos traten de agresivos, nunca lo fuimos», dijo Leguizamón.
Fuente: Ansol Noticias