CORONAVIRUS Y DESIDIA ESTATAL

«En 2018 comenzó la relocalización y no le tocó a Ramona, empezó la cuarentena y no le tocó a Ramona. Ayer vino la ambulancia y le tocó a Ramona, y ahora Ramona está intubada. Y el marido de Ramona está en el Muñiz, aislado, esperando el hisopado que nos den el resultado», así narra periodista Nacho Levy, referente de la Garganta Poderosa, el padecimiento de la activistas de la Villa 31 que hace diez días denunciaba la falta de agua en ese barrio, y hoy esta contagiada de coronavirus

Vecina del barrio, militante de la vida, esta mujer visibilizó la falta de agua  a través  videos y en declaraciones a la prensa. Ramona tiene tan solo 42 años, es insulina-dependiente y tiene dos hijas con graves problemas de salud. Ella y su familia forman parte del universo de las 628 personas contagiadas de coronavirus en la Villa 31, lugar  donde -al igual que en el resto de los barrios vulnerables de la ciudad- la administración porteña muestra la más  absoluta displicencia.

Desde el 21 de abril, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en la Villa 31,  la curva de contagios experimento un alza del 1.992%.  En línea con un conjunto organizaciones sociales, Nacho Levy asegura que «el coronavirus desnuda una crisis habitacional y una pobreza estructural que venimos denunciando hace muchos años”.

Según un informe elaborado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad la población de las villas o barrios populares creció exponencialmente en los últimos 20 años, alcanzando a 400 mil personas que viven sin acceso formal y seguro a servicios públicos básicos y en condiciones de hacinamiento generalizado. Cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio en viviendas precarias, donde habitan entre cuatro y diez integrantes de una misma familia, sin acceso a un servicio esencial como el agua y compartiendo el baño con otras personas, se materializa como una imposibilidad manifiesta.

La falta de reflejo de la administración porteña potenció a un conjunto de organizaciones a gestar un protocolo de actuación ante el coronavirus en villas y asentamientos. La premisa es que esta población no puede abordar las medidas de prevención de forma similar al resto de los barrios de la ciudad, sino que requiere de acciones que respondan a características, especificidades y necesidades que los son propias.

El protocolo sugiere un plan de acción barrial. Propone identificar a una autoridad sanitaria para que coordine y monitoree la aplicación de las pautas de prevención. Dispone crear un comité de crisis interministerial. Aconseja  conformar otras formas de control y seguridad e higiene. Pone acento en la circulación de información certera y de calidad a través de diferentes espacios de comunicación. Recomienda brindar contención psicológica y asegurar el acceso a Internet como recurso para acceder a derechos ciudadanos. Aconseja brindar alternativas a la vivienda en caso que la permanencia en las mismas suponga un riesgo para las personas en situaciones de violencia de género. Exhorta que se garantice el acceso al agua, a la alimentación y a los circuitos de cuidados.  Sugiere optimizar la acciones de cuidados y los circuitos de derivación para grupos de riesgo. Exige la provisión de insumos básicos de limpieza en los espacios comunitarios.

La propuesta fue presentada esta semana a autoridades nacionales y locales, las organizaciones sociales que trabajaron en este protocolo,  aguardan ser convocadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad. Mientras tanto  la curva de contagios asciende minuto a minuto entre la población estos territorios porteños desprovistos de buenos aires.

Por esta horas la Villa 31 continua sin agua, Horacio Rodriguez Larreta hizo caso omiso a la sentencia de la Justicia que le obligaba garantizar el abastecimiento de este suministro en ese barrio.

¿Será que de eso tratan los superpoderes?