En septiembre de 2010, el entrepiso del boliche Beara, ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, donde se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó sobre la planta baja causando la muerte de Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y un saldo de 50 personas heridas.
Doce años después de aquella fatídica noche, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condenó a 3 años de prisión condicional y a 5 años de inhabilitación para ejercer el comercio a los propietarios del boliche Beara al encontrarlos responsables por la muerte de las dos jóvenes, en tanto absolvió a los funcionarios porteños que debían controlar la habilitación y a los policías federales acusados por cohecho.
De las 17 personas imputadas, las condenas finalmente recayeron en Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, propietarios del local y en el maestro mayor de obra, Gustavo Amarú, que recibió la misma pena que los socios, por del delito de “homicidio culposo agravado” de Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, y de “lesiones culposas graves y leves» a más de cincuenta personas afectadas por el derrumbe . Debido al carácter condicional de la pena, los condenados no purgarán prisión efectiva por esta condena.
La estrategia de la defensa de los propietarios Yun, Dobrila y Fliess, estuvo orientada a responsabilizar a la empresa que construyó el entrepiso por el derrumbe, aunque sus responsables también resultaron absueltos.
En su defensa, los condenados, dijeron ser “inocentes” y recalcaron que del proceso de construcción de la estructura habían participado tres arquitectos y tres maestros mayor de obras y que esas tareas estaban lejos de sus áreas de competencia.
Al momento del derrumbe, el local donde funcionaba Beara ya había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como salón de fiestas privadas cuando en realidad funcionaba como discoteca de libre acceso.
«Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había setecientas personas que era mucho más de lo permitido, entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte», argumentó el fiscal Oscar Ciruzzi en su alegato, en base a los testimonios de empleados y clientes del boliche.
Entre los funcionarios del Gobierno de la Ciudad imputados, que hoy resultaron absueltos en primera instancia, figuran el exdirector de Habilitaciones de la Ciudad, Martín Farrel; la exdirectora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski; el exdirector de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.
Los empleados de Beara que había confirmado que el entrepiso tenía una “grieta” visible y que vibraba. «Decíamos que algún día se iba a caer: teníamos esa sensación porque vibraba», explicó la camarera María Laura Lurgo ante los jueces, dato que fue confirmado luego por el «bartender» Roberto Aguirre.
Para fundar la desidia de los propietarios en el control estructural del local, el fiscal Ciruzzi recordó que en 2007 se cayó un tramo de la baranda del entrepiso y eso le produjo heridas a una joven.
Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana y madre de Leticia, respectivamente, participaron de todas las audiencias del debate oral, corolario de un proceso judicial que llevó doce años entre el período de instrucción y el juicio.
Antes del veredicto, Tagliaferro, que ofreció un testimonio desgarrador frente al tribunal, señaló que sentía que “puede volver a haber impunidad”, en referencia a los tiempos y las demoras que impidieron analizar las responsabilidades por la muerte de su hija.
El 3 de agosto próximo, el tribunal dará a conocer la sentencia y sus argumentos tanto jurídicos como fácticos, y todo indica que los condenados apelarán ante una instancia superior.