Entre el discurso de la “inversión récord” y las denuncias por ajuste, cierres de cursos y mayor peso de los subsidios a privados
Durante su exposición del 15 de octubre, Miguel sostuvo que la propuesta presupuestaria busca fortalecer los aprendizajes, la formación docente y las oportunidades educativas, en el marco del plan “Buenos Aires Aprende”. Según la presentación oficial, Educación seguirá siendo una de las principales áreas de inversión de la Ciudad.
Sin embargo, distintos análisis presupuestarios coinciden en que el área educativa permanece prácticamente estancada en términos reales. Un informe del Observatorio Económico del Centro CEPA señala que el presupuesto educativo proyectado para 2027 se mantiene prácticamente sin cambios respecto de 2026 y que, medido contra 2023, registra una caída real acumulada de aproximadamente 3,6%. El mismo trabajo ubica a Educación entre los sectores que quedaron “congelados” respecto del año anterior, mientras otras partidas, como el servicio de la deuda, muestran incrementos significativamente más elevados.
Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno en diciembre de 2023 prometiendo colocar a la educación entre las prioridades de su administración. Desde entonces, el Gobierno porteño ha destacado inversiones en infraestructura escolar, equipamiento tecnológico y reformas curriculares. En enero de 2025 anunció un plan de $146.600 millones para más de 600 obras escolares, nuevas escuelas y equipamiento educativo.
No obstante, al observar el presupuesto global de Educación como porcentaje del gasto público porteño, los análisis independientes muestran una tendencia de estancamiento y pérdida de participación relativa. Según datos procesados por el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), el área educativa representa en 2027 alrededor del 17,4% del gasto total, con un nivel real inferior al registrado en 2023.
Es decir, mientras el Gobierno enfatiza anuncios de inversión específicos, la oposición sostiene que el presupuesto consolidado no acompaña el crecimiento de las necesidades del sistema educativo y que el incremento nominal queda absorbido por la inflación proyectada.
Uno de los puntos más cuestionados por legisladores opositores y comunidades educativas es la situación de la formación docente. El proyecto presupuestario prevé una reducción relativa de recursos para el sistema terciario y para distintos programas vinculados a la capacitación de futuros docentes, en un contexto atravesado además por conflictos por las inscripciones y la reorganización de la oferta académica.
La diputada del Frente de Izquierda Unidad Amanda Martín denunció durante la audiencia que el cierre intempestivo de inscripciones y la reducción de cursos constituyen parte de una política destinada a achicar el sistema educativo utilizando la baja natalidad como argumento para justificar el ajuste. Según sostuvo, las comunidades educativas no fueron consultadas sobre esas decisiones. El planteo fue realizado durante la reunión de la Comisión de Presupuesto en la Legislatura.
Otro de los aspectos que genera controversia es la evolución de los recursos destinados a la enseñanza privada. Diversos informes presupuestarios señalan que, dentro del presupuesto educativo, aumenta el peso relativo de las transferencias y subsidios a establecimientos de gestión privada, mientras disminuye la participación de algunas áreas de gestión estatal y formación docente.
La Ciudad de Buenos Aires es, además, una de las jurisdicciones con mayor presencia de escuelas privadas subvencionadas del país. Según un informe de Argentinos por la Educación, el 39% de los estudiantes asiste a instituciones privadas con aporte estatal, la proporción más alta de la Argentina.
Ese mismo estudio señala que el financiamiento estatal a las escuelas privadas subvencionadas representa una parte sustancial del gasto educativo y constituye una política estructural dentro del sistema educativo argentino.
Durante el debate legislativo también se planteó la situación salarial docente. Martín cuestionó que la ministra no se hubiera referido a los salarios durante su exposición y denunció la persistencia de condiciones de precarización laboral en distintos programas socioeducativos, además de la pérdida de cargos derivada de la implementación de la reforma “Secundaria Aprende”.
La legisladora también vinculó los bajos ingresos con el endeudamiento creciente de trabajadores de la educación y reclamó procesos de titularización para miles de docentes que continúan en situación de inestabilidad laboral.
Entre los cuestionamientos formulados durante la audiencia también aparecieron las problemáticas de salud mental en las escuelas, el funcionamiento de los equipos de orientación escolar y la falta de prioridad para estudiantes derivados al sistema de salud pública. Asimismo, se reclamó fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI), implementar la figura del referente institucional de ESI y mejorar la efectividad del boleto educativo para estudiantes terciarios y universitarios.
La discusión sobre el Presupuesto 2027 evidencia una disputa de fondo sobre el modelo educativo porteño. Mientras el Gobierno de Jorge Macri sostiene que se trata de una política orientada a mejorar los aprendizajes y modernizar el sistema escolar, sectores de la oposición, sindicatos y comunidades educativas advierten que el presupuesto consolida una tendencia de deterioro de la educación pública estatal, acompañada por una creciente participación de la educación privada subsidiada y un progresivo ajuste sobre la estructura educativa.
La definición final quedará en manos de la Legislatura porteña, donde el presupuesto deberá atravesar las próximas instancias de debate y eventual aprobación.