La Cámara Contencioso Administrativa Federal N°5 falló a favor de una medida cautelar impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante el despido injustificado de trabajadores amparados bajo la Ley N.º 27.636, conocida como Ley «Diana Sacayán – Lohana Berkins».
La resolución de los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani implica la suspensión inmediata de despidos considerados injustificados dentro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), elevando así a la justicia como garante de derechos vulnerados y marcando un precedente ejemplar en la lucha por la inclusión laboral travesti-trans en el sector público nacional. La Ley N.º 27.636, sancionada en 2021 y vigente desde entonces, representa un avance normativo significativo para la comunidad travesti-trans en Argentina.
Esta ley, que homenajea a las activistas trans Diana Sacayán y Lohana Berkins, establece un cupo laboral obligatorio para personas travestis, trans y transgénero en el Estado nacional, con el objetivo de reparar una histórica invisibilización y exclusión social que afecta a este colectivo. El INCAA, como organismo del Estado dedicado a la promoción de las artes audiovisuales, ha sido uno de los espacios donde se buscó implementar este derecho desde 2020 y con nuevas incorporaciones en 2023.
Sin embargo, en los últimos meses, la precarización y los despidos masivos denunciados por ATE pusieron en jaque esa garantía legal. La medida cautelar solicitada surgió justamente ante la arbitrariedad de cesantías que afectaron directamente a trabajadores que, además de sufrir la doble discriminación de género y laboral, veían peligrar su estabilidad económica y social.
En su fallo, los jueces Treacy y Gallegos Fedriani reconocieron que los despidos no solo atentan contra el derecho al trabajo, sino que también vulneran de manera directa el derecho a la identidad de género y la no discriminación, amparados por tratados internacionales y la Constitución Nacional. Argumentan que estos despidos atacan a un colectivo en situación de profunda vulnerabilidad estructural, subrayando la “naturaleza alimentaria del salario” y la necesidad de garantizar la continuidad laboral hasta que se dicte una sentencia definitiva en el proceso principal.
El tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó la reincorporación provisoria de los trabajadores despedidos en tanto prosigue con el análisis judicial de fondo. En sus considerandos, expresan textualmente que “no deben soslayarse las consecuencias que podría generar el rechazo de la medida cautelar peticionada”, recalcando la importancia de evitar un daño irreparable frente a la situación de pobreza y marginalidad que atraviesa el colectivo travesti-trans.
Este fallo reviste una importancia simbólica y práctica más allá del caso particular del INCAA. Representa un avance en el reconocimiento judicial del derecho al trabajo para personas trans, y una reivindicación del cupo laboral como instrumento para superar la exclusión histórica. Por otro lado, lanza una fuerte señal contra las políticas de despidos masivos y vaciamiento de las instituciones públicas impulsadas por el actual gobierno, que, según denuncias sindicales y sociales, se sostiene en discursos estigmatizantes y prácticas discriminatorias.
Como señaló Ingrid Urrutia, delegada general de ATE en el INCAA, la sentencia no solo significa un triunfo judicial, sino también un impulso para la lucha política y sindical en defensa del trabajo digno y la cultura. “Tenemos las leyes y su cumplimiento efectivo estaba en disputa antes, mucho más ahora con Milei en el gobierno y las complicidades del Congreso y de las cúpulas sindicales que no lo han enfrentado de manera consecuente. En el INCAA, los despidos masivos muestran el vaciamiento sin límites y el ataque feroz a la cultura. Recibimos la noticia con mucha alegría; nos da impulso para seguir la lucha y fortalecer la organización desde abajo, que es la única garantía para la reincorporación efectiva y que los salarios dejen de ser un pasaporte a la pobreza. El INCAA va a tener que cumplir el fallo y haremos todo para garantizarlo”.
A pesar de las adversidades, con un contexto político nacional marcado por el ajuste económico y la creciente precarización, esta medida cautelar es una muestra de que la justicia puede ser una herramienta para frenar retrocesos en materia de derechos. En el caso del INCAA, un organismo clave para la promoción artística y cultural del país, adquiere mayor relevancia cuando la cultura misma es objeto de políticas de desfinanciamiento y ataques sistemáticos. Defender los derechos laborales y la diversidad en esta área significa preservar una parte fundamental de la identidad y el pensamiento crítico nacional.
En el paisaje complejo y desafiante de hoy, donde las políticas de ajuste tienden a profundizar desigualdades, esta resolución se erige como una herramienta imprescindible para garantizar los derechos laborales y humanos.