LA RICHMOND NO SE TOCA

Así lo confirmó la Justicia porteña al ratificar la medida cautelar iniciada por la legisladora porteña María José Lubertino(FpV), con la finalidad de proteger el inmueble de la Richmond, de cualquier intervención, luego de que los actuales dueños apelaran el amparo presentado el año pasado. El fallo, ordena poner custodia policial en el edificio de la Richmond, a fin de impedir que se modifiquen la fachada, el interior y hasta el mobiliario de la confitería. El edicto judicial prohíbe, además,  a los propietarios del inmueble modificar su fachada y su estructura para instalar allí, como pretendían, un local de indumentaria deportiva.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la medida cautelar que ordenaba que tanto el propietario como los inquilinos de la confitería, situada en Florida al 400, debían abstenerse de “efectuar o continuar cualquier modificación, restauración o alteración” en la estructura y el frente del inmueble, incluido el mobiliario. Es decir, la Justicia rechazó la apelación presentada por Confitería Richmond Florida SA.

Los jueces Esteban Centanaro y Mabel Daniele consideraron en su fallo que resulta “aconsejable mantener los términos de la medida otorgada” en primera instancia por el juez Juan Lima, ya que la continuación de las actividades en el local podría implicar un “daño irreparable” por tratarse de un inmueble declarado patrimonio cultural de la ciudad.

La decisión judicial insta al gobierno a establecer una custodia policial durante las 24 horas para resguardar el inmueble. Con esta confirmación no se puede entrar al edificio, ni modificarlo, ni hacer refacciones, ni tocar su fachada, hasta tanto se resuelva la cuestión judicial. En este sentido, hay que tener en cuenta que la Richmond conforma el catalogo de Bares Notables y su edificación fue declarada  patrimonio de la Ciudad, por lo que la actividad como local gastronómico también debe estar protegida. Así lo entiende la legisladora porteña que considera que “el concepto de patrimonio debe aplicarse en su totalidad. Si el tango es considerado patrimonio intangible de la humanidad, entonces la actividad de estos bares también”.

La confitería, en Florida al 400, dejó de funcionar en agosto del año pasado en medio de una polémica sobre su uso y sobre su intempestivo cierre. Incluso los trabajadores del bar se enteraron de la noticia cuando un lunes a la mañana llegaron y el lugar estaba cerrado, con las puertas pintadas de blanco y sin muebles en su interior. El operativo de “desmantelamiento” se produjo un domingo por la madrugada. Y según trascendió, el grupo inversor que se quedó con la confitería se lo iba a alquilar a una importante marca de ropa deportiva. Los reclamos brotaron de todos lados: trabajadores que perdieron sus puestos, vecinos, políticos y organizaciones no gubernamentales s que buscan resguardar el patrimonio porteño.

 “El punto es debatir el alcance que tiene un lugar considerado como patrimonio, si además de la fachada y del edificio también se protege la actividad. Nosotros consideramos que sí. Y en el caso de los bares notables, la Ciudad debería promover alguna medida para ayudar a proteger estos espacios”, apuntó Lubertino.

Los 1500 metros cuadrados decorados al estilo inglés del emblemático café fueron escenario, el año pasado, de un conflicto de proporciones. Después de que sus dueños lo vendieron para que un grupo inversor lo convirtiera en el Nike Store más grande de la ciudad, sus empleados tomaron el local hasta que los propietarios se comprometieron a pagarles las indemnizaciones correspondientes. El reclamo de los empleados derivó en una intermediación del Ministerio de Trabajo.

Luego de que se conociera el destino que quería darse a la legendaria confitería, Lubertino solicitó el dictado de una medida cautelar para que se ordenara el cese de las obras, así como la abstención “de realizar intervenciones sobre la decoración, ornamentación y de remover el mobiliario y equipamiento original existente, propias de los bares y de los espacios de acceso al público y sobre cualquier obra y/o elemento original que se encuentre en el local y a su vez restituir los que se hayan retirado”, según establece el fallo de Centanaro y Daniele.

 “Recurrir a la Justicia es nuestra la última instancia, pero en los últimos años se ha convertido en algo habitual por la inacción del gobierno en la defensa del patrimonio”, lamentó el vicepresidente de la organización Basta de Demoler, Santiago Pusso. A su entender, el edificio cuenta con mayor protección pero el mayor riesgo está en el uso que pretender darse al local.