EMERGENCIA HABITACIONAL EN UNA CIUDAD DESPOBLADA

El Instituto de Vivienda de la Ciudad registró que la Ciudad de Buenos Aires tiene 138.328 viviendas ociosas, más del 9,2% del total de las viviendas del territorio porteño. Este número surge de un estudio preliminar, donde se indica que la vacancia se determina a partir del consumo de electricidad domiciliaria analizados con datos aportados por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) durante 2017. Una segunda fase del estudio analizará la evolución del consumo eléctrico durante la última década.

La necesidad de trabajar sobre las viviendas vacías surgió como resultado de una serie de recomendaciones realizadas por la Mesa de Alquileres conformada por organizaciones sociales, organismos públicos de defensa, organizaciones de inquilinos, legisladores porteños y sectores del mercado inmobiliario, luego de la aprobación de la ley de alquileres.

La Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires  2018, indica que el 9,1% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en situación de hacinamiento (2 y más personas por cuarto). En la Comuna 8 el porcentaje de hogares hacinados es casi del 25%, mientras que en las Comunas 2, 6, 13 y 14 no alcanza el 5%. El hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) afecta al 1,5% de los hogares, registrando la mayor incidencia, también, en la Comuna 8 (6,8%.). Con lo que tenemos que la ociosidad de las viviendas es directamente proporcional a la especulación inmobiliaria. Las necesidades habitacionales de la población no forma parte de la agenda estatal.

La construcción de inmuebles no está apuntada a la solución del amplio déficit habitacional porteño. Entre los años 2005 y 2018 se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas, según datos que surgen de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Esta dinámica de la construcción no mantiene relación con el problema habitacional porteño donde más de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y más de 7251 se encuentran en situación efectiva de calle. Además, más del 35% de los hogares alquila su vivienda en condiciones libradas al libre mercado y pagan de alquiler una importante porción de su salario.

El informe indica también, que las viviendas “ociosas” se concentran -en términos absolutos- «en el corredor Norte» de la ciudad «con foco en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y 14 (Palermo); pero «si se consideran los valores relativos a la cantidad de medidores residenciales de cada comuna, se observa una concentración en las comunas del Este de la ciudad».

Mientras Buenos Aires permite que el acceso a la vivienda lo determine el mercado inmobiliario, en otras ciudades del mundo implementan medidas de regulación para proteger los derechos de la población. En Montevideo, los inmuebles que registran bajos consumos de agua y luz son considerados ociosos y tributan un adicional al impuesto inmobiliario. En Barcelona, el ayuntamiento expropió el derecho de uso de inmuebles vacíos para ponerlos en alquiler durante al menos diez años. Por otro lado, en Berlín y Andorra se congeló el precio de los alquileres para contener la constante expulsión. Por último, en Nueva York, el municipio tomó diversas medidas para promover la construcción de unidades en alquiler a precio tasado y tiene programas de congelamiento para familias de bajos salarios.

El Segundo Censo Popular de personas en situación de calle, realizado por un conjunto de organizaciones sociales durante el mes de abril de este año, estimó que hay 7251 personas viviendo en situación de calle, el 56% de ellas siempre vivió en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto que el 42% señaló que la perdida del trabajo y el no poder sostener la de la vivienda que alquilaba como las principales causas que lo arrojaron a la intemperie. En la Ciudad de Buenos Aires, se estima que unas 20.000 personas están en riesgo de calle. Estas son las beneficiarias de subsidios habitacionales, un gran número de personas mayores cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria  y  quienes viven en hoteles o inquilinatos.

«Resulta fundamental regular la creciente inversión en inmuebles con fines especulativos, que terminan elevando el precio e imposibilitando que la mayoría de los habitantes accedan a una vivienda, ya sea por la vía de la compra o el arrendamiento. Regular la ociosidad de los inmuebles debe ser parte de una política integral de hábitat que proteja los derechos de los habitantes de la ciudad», señalan desde la Mesa de Alquileres.