El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró en la medianoche del lunes la inconstitucionalidad de la resolución del Gobierno de la Ciudad que limita la circulación de adultos mayores a raíz de la pandemia de Covid-19.
La medida, anunciada por Rodríguez Larreta la semana pasada, fue fuertemente criticada a través de las redes sociales por artistas e intelectuales. En este sentido, el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó como «anacrónico» y «absurdo» el permiso «especial» que los/as adultos/as mayores debían gestionar para poder circular excepcionalmente en la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que esa población «no es débil mental» ni «tiene una minusvalía» para que se lo tutele con medidas de ese tenor.
El Magistrado hizo lugar a una medida cautelar interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad, por considerar que «La imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad, de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, tal como lo prevé el DNU 297/2020, resulta una exigencia más gravosa para ese colectivo de personas, que para el resto de la población», observa el magistrado en la sentencia. Y añade que «la medida, importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población. Por lo tanto conlleva una lesión a los derechos y garantías constitucionales y no supera ningún test de constitucionalidad»
En consonancia con lo dispuesto en la medida judicial, Semino había calificado la medida de Larreta como desde el punto de vista gerontológico tratar de tutelar casi en forma absurda al adulto mayor. «Subestima el concepto de responsabilidad que tiene el adulto mayor», dijo y pidió a las autoridades porteñas controlar el estado de los más de 2.000 adultos mayores internados en geriátricos del sistema público de la Ciudad, porque esos espacios constituyen una «verdadera bomba de tiempo», indicó.
Tras conocerse el fallo judicial, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, tomó la palabra y anunció que la Ciudad no apelará el mismo, no obstante aclaró que continuarán con la con la iniciativa, dado que la misma no es punitoria ni obligatoria y aseguró que «el lunes se evitó que salieran a la calle más de 12 mil adultos mayores de 70 que prefirieron usar nuestras herramientas para hacer compras y trámites».
Con el objetivo de desalentar la circulación de ese grupo poblacional, la resolución del Gobierno porteño obligaba a las personas mayores de 70 años a comunicar la salida de su domicilio llamando al 147.
Según declaraciones de Santilli el lunes pasado, día que entró en vigencia la normativa, «33 mil adultos mayores de 70 años llamaron al 147». Consultado sobre el fallo, el funcionario dijo estar «convencido de que hay que cuidar sanitariamente a quien más golpeó en todo el mundo la pandemia» y consideró que la medida es una herramienta sanitaria que «quedará como sistema de apoyo para los adultos mayores».