En un comunicado de prensa los organismos defensores de derechos humanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que no sean renovados los contratos laborales de las y los trabajadores de los Sitios de Memoria que oficiaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la ultima Dictadura Militar.
«Mantener estos sitios en pleno cumplimiento de sus objetivos es mantener el estado de Derecho en nuestro país» aseguran estos organismos.
En la Ciudad de Buenos Aires son los espacios son: Automotores Orletti, declarado ‘de utilidad pública y sujeto a expropiación’ por Ley 2112 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (año 2006), recuperado en en marzo de 2009 y declarado Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014. También el terreno donde funcionó el Club Atlético en el bajo autopista de Paseo Colón, declarado Sitio Histórico por la Ley 1794 de la Ciudad de Buenos Aires (año 2005) y Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014. Del inmueble donde estuvo situado El Olimpo, declarado declaró Sitio Histórico por Ley 1.197 de la Ciudad de Buenos Aires 1.197 (diciembre de 2003) y Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014 y el Centro de detención, tortura y exterminio Virrey Cevallos, declarado Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014.
Mientras que en la provincia de Tucumán están riesgo las investigaciones que se desarrollan en La escuelita de Famaillá, que recibe asistencia mutua y resguardo de este Espacio para la Memoria por convenio 599/2013 (marzo de 2022). En la ciudad de Mar del Plata el Faro de la Memoria, declarado Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires como Bien de Interés Histórico-Testimonial por la Ley Provincial 13.836 (año 2015) y Sitio Histórico Nacional por Ley Nacional 27.127 (marzo de 2015) y también está en riesgo el Regimiento de Infantería 9 Coronel Pagola, cuyo predio fue asignado a la la Secretaría de Derechos Humanos para su uso como Espacio para la Memoria por Resolución 302/2022 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
«En diferentes jurisdicciones pero con idéntico compromiso en la preservación de las memorias sobre el pasado reciente, esos trabajadores han practicado desde la creación de los Sitios de Memoria una valiosa tarea de estrategias pedagógicas, talleres educativos y visitas guiadas acompañados por miles de visitantes e investigadores nacionales y extranjeros, alumnos de todos los niveles educativos y familiares de víctimas de desaparición forzada. Dicha tarea de formación ciudadana y en derechos humanos, no interrumpida en la transición entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, se halla ahora en el actual contexto de medidas gubernamentales en serio peligro de interrupción», expresan en el escrito.
En tanto que advierten «Recordamos al gobierno de Javier Milei algo elemental pero que parece haber olvidado: las y los argentinos hemos votado en 1994 una Constitución de la Nación, en que se incluyen los más importantes tratados internacionales de defensa de los derechos humanos; las leyes aprobadas por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores no pueden ser incumplidas salvo mediante su anulación por otras leyes; la Ley Nacional Ley 26.691 (julio de 2011) declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal; asimismo, otras medidas oficiales designan y protegen a estos Sitios».