Tras un largo periodo de negacionismo, la Ciudad adhirió al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) al tiempo que, de manera paralela, el Gobierno porteño anunció medidas que incluyen un plan de prevención del embarazo no deseado, de asistencia a la mujer gestante y de agilización de las adopciones.
El 16 de julio de 2020 la Legislatura porteña sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas. A la hora de promulgar esta normativa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través de un comunicado manifestó que «Respetando esa decisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada».
De esta manera, el Gobierno porteño determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones «pro vida» en las últimas semanas, ya que esta medianoche vencía el plazo legal para hacerlo. No obstante, acompañó esa decisión con el anuncio de medidas complementarias para evitar, por ejemplo, embarazos no deseados y agilizar el sistema de adopciones.
Larreta, anticipó también que trabajará en iniciativas como «esclarecer los períodos gestacionales» para la práctica y «los métodos más adecuados» que brinde el sistema de salud,como también en la creación de un «programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones con un ideario fundacional distinto al promovido en la ley».
El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.
Establece, entre otros cuestiones, que las personas gestantes que quieran acceder a una ILE solo deberán dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.
Agrega que «la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas», al tiempo que indica que «no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica».
En los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, indica que «la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente».
Y plantea que el «profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio».
Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo; y como consecuencia regía una guía de procedimiento recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La medida fue votada por la Legislatura y, tal como lo establece la Constitución porteña, el Ejecutivo contaba con diez días hábiles, desde la recepción del documento enviado por el Parlamento, para promulgar la ley o vetarla, plazo que se cumplía esta noche a las 24, según lo indicado por fuentes del Ejecutivo.
Desde su sanción, agrupaciones denominadas «celestes», que se oponen a la ILE y a la legalización del aborto, realizaron campañas en redes sociales y confluyeron en la Legislatura para pedir por la anulación de la ley.
Un día después de la votación en la Legislatura, el Arzobispado de Buenos Aires advirtió que la medida «contradice las garantías constitucionales a favor de la vida más desprotegida: la de un ser humano por nacer».
Y Bárbara Diez, la esposa del jefe de Gobierno porteño también fijó su postura contraria a lo aprobado por los diputados con una publicación en su cuenta de Instagram, donde manifestó “La Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia. ¿No es cuanto menos incongruente que a la misma vez se haya votado un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación? Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para salvar vidas. ¿De qué estamos hablando?”.
Legisladoras y legisladores porteños de distintos bloques mostraron hoy respaldo y cautela ante la decisión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien confirmó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
La adhesión al protocolo ILE fue aprobada por la Legislatura porteña con 50 votos a favor -de un total de 60 diputados- el 16 de julio último, y hoy vencía el plazo para un posible veto por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Rodríguez Larreta anunció esta tarde a través de sus cuentas en redes sociales que «el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección», pero no vetó la adhesión.
Respecto al anuncio, el diputado Claudio Romero, del bloque oficialista Vamos Juntos (VJ), consideró un «acierto» la decisión de generar el programa «A la par», destinado a fortalecer la prevención de embarazos no deseados y acompañar a mujeres que podrían acceder a la ILE pero deciden no hacerlo.
Además, definió como «oportunas» las medidas tendientes a garantizar el funcionamiento efectivo del Registro único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.
Por otro lado, el legislador coincidió con el compromiso del Gobierno porteño con la «plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia» por parte de los médicos respecto del ejercicio de la ILE, y con la instrucción dada al Ministerio de Salud para crear un programa de derivación «con garantía de acceso a una práctica segura».
En la votación del 16 de julio último, Romero se manifestó en contra de la adhesión, y hoy expresó su «respeto por el funcionamiento democrático de las instituciones».
Por su parte, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, quien preside la comisión parlamentaria de Mujer, infancia, adolescencia y juventud, expresó que «en principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional».
Y agregó: «Estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral para decidir, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción».
Sin embargo, en referencia a la vigencia del derecho a la libertad de conciencia, advirtió: «Lo que sí nos preocupa del anuncio oficial es la posibilidad de que se restrinja la aplicación del protocolo; veremos que plantea la reglamentación, esperando que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría y la participación de todos los bloques».
Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, expresó por su parte que «el movimiento de mujeres y la diversidad hemos logrado la sanción favorable al protocolo de ILE en la Legislatura, ahora necesitamos la aprobación urgente del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso Nacional».
Por otro lado advirtió que «con la pandemia, se recrudecieron los problemas de las mujeres, el aumento enorme de la violencia de género y la imposibilidad de muchas, particularmente de los barrios más humildes, para acceder a métodos anticonceptivos».
Barry también se refirió a la postura de algunas organizaciones que se oponen al aborto y que se manifestaron en los últimos días.
«Hablan en nombre de la vida pero la realidad es que cada momento que pasa, que no se aprueban estos derechos se paga con la salud y la vida de muchas mujeres. No lograron que se derogara la ley de ILE por la fuerza de nuestra pelea. Seguiremos peleando porque haya educación sexual en todas las escuelas y por la separación de la Iglesia del Estado».
En Argentina se realizan entre 370 mil y 522 mil interrupciones de embarazo por año, es decir, alrededor de 1.220 por día. Cada 3 horas, una menor de 15 años es madre; en un 90 por ciento se tratan de situaciones de abuso intrafamiliar. Por eso Unicef Argentina recomienda la aplicación de la ESI. Cada 5 minutos una menor de 19 años es madre, las más de las veces sin desearlo.