LA TRANSFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS EN JUECES

Tras desestimar las impugnaciones presentadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Legislatura porteña aprobó la designación de Santiago Otamendi como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y de Juan Bautista Mahiques  como Fiscal General del Ministerio Público.

La impugnación a Santiago Otamendi, quien hasta hace poco se desempeñó como Secretario de Justicia de la Nación, se sustenta en la falta de neutralidad de este abogado, dado que mantenía un cargo político y participaba activamente de acciones de proselitismo del partido de gobierno. «Por otra parte, no reúne los antecedentes de formación académica y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Otamendi tiene experiencia como juez de primera instancia en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, cargo en el que se encuentra en uso de licencia. Para ser designado en ese cargo, atravesó un concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en el que si bien resultó seleccionado, se ubicó en la posición 33 del orden de mérito, lejos de los primeros lugares. Tampoco surge de su curriculum una formación o producción académica sobresaliente. Las funciones que ha desempeñado en los últimos años fueron en cargos de designación política», señalaron los organismos que impugnaron su postulación.

En el mismo sentido, se sustenta la impugnación presentada sobre Juan Bautista Mahiques. Al igual que Otamendi, éste se desempeñaba al momento de su postulación, como funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, con el cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y su representante ante el Consejo de la Magistratura. Por otra parte, los organismos que impugnaron la postulación, sostienen que Mahiques «carece de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, pero por sobre todo de la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal».

Los tres nombramientos surgen de propuestas que fueron enviadas a la Legislatura por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Tras una Audiencia Pública donde los postulantes presentaron sus antecedentes, la Comisión de Justicia y por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control legislativo del parlamento porteño, desestimó estas impugnaciones y elevó al recinto las designaciones de Otamendi y Mahiques, junto a la de  Marcela Vivian De Langhe, como miembro del Tribunal Superior de Justicia. Todas ellas fueron aprobadas por mayoría en la sesión especial del jueves 23 de mayo.

Durante el debate en el recinto, varios legisladores expresaron sus posturas en contra de los candidatos, Fernando Vilardo (AyL) denunció: «Hubo mecanismos antidemocráticos en estas designaciones». María Rosa Muiños (BP) cuestionó las afinidades políticas de los candidatos y expresó que el procedimiento carece de consenso. Myriam Bregman (PTS) planteó la necesidad de una elección de jueces y fiscales por voto popular. Gabriel Solano (FIT) dijo: «Estamos frente a un pacto político para copar la justicia en respuesta al poder de turno». Mariano Recalde (UC) sostuvo: «No se pueden elegir los postulantes en el contexto de crisis actual de legitimación del poder judicial», y señaló que las propuestas enviadas «están perfiladas y tienen como denominación común un solo criterio, el de ser funcionales  al Jefe de Gobierno».

Este nuevo y bochornoso capítulo de la escribanía Legislatura porteña, contó con el beneplácito del bloque que comanda Martín Losteau, que junto a los unipersonales bloques socialista que comanda por Roy Cortinas y  Mejor Ciudad de Del Pierro, sumaron los votos que necesitaba la alianza Larreta-Carrió (VJ).

Tras la votación, el legislador Gabriel Solano (FIT), expresó “nunca podríamos votar para el máximo tribunal de la Ciudad a un juez como Otamendi, denunciado por formar parte del operativo de impunidad del atentado a la AMIA, un atentado que dejó al desnudo que la conexión local fue el Estado argentino, su poder político, judicial, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia”.
“Por otra parte, Mahiques es un funcionario del PRO, si designan como jueces a sus propios funcionarios, luego no vengan a hablar de la independencia de la Justicia” continuó.
“La designación de estos jueces deja al desnudo los pactos políticos propios de este método de elección, hoy es con el bloque de Lousteau, antes fue con otros bloques. El Frente de Izquierda rechaza tanto estas designaciones como el método, que son parte de una justicia que responde al poder político y su impunidad y no a los intereses de la población. Es por eso que planteamos que los jueces sean electos por el pueblo y revocables” finalizó.

En tanto el legislador Mariano Recalde (UC), en declaraciones a la prensa donde destacó: «la designación es un acto de gran trascendencia pública para el sistema institucional y que constituye una buena oportunidad para que el Gobierno demuestre si verdaderamente le importa la República y las instituciones o si se trata solo de un slogan de campaña”.
Recalde estimó que: «Horacio Rodríguez Larreta eligió un muy mal camino para cubrir estas vacantes. En primer lugar, porque se realiza a meses de las elecciones y no corresponde, al supuesto gobierno saliente, cubrir las vacantes en la Justicia».
«Hay que considerar el contexto que estamos viviendo en Argentina, donde hay graves y fundadas acusaciones sobre la utilización del Poder Judicial para perseguir a dirigentes opositores, el Gobierno porteño tendría que haber tenido un gesto de grandeza y reforzar la credibilidad de la justicia, en lugar de designar candidatos que no son juristas reconocidos ni de trayectoria sino funcionarios del Gobierno nacional de estrecha confianza del partido que gobierna”, reflexionó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana y añadió: “ninguno cumple con los requisitos constitucionales de independencia, idoneidad y compromiso con los valores democráticos. “Otamendi no tiene antecedentes técnicos ni académicos y su Currículum Vitae es pobre: solo fue juez de primera instancia, cargo al que accedió mediante un concurso en el que se cubrían 38 cargos y él obtuvo el lugar 33. Sí en cambio fue denunciado por integrantes del propio gobierno por el encubrimiento a fiscales acusados de desviar, nada más y nada menos, que la investigación de la causa AMIA”.
Sobre Mahiques, Mariano Recalde, sostuvo: “Tampoco cumple con los requisitos constitucionales y mucho menos para ser considerado de los ‘mejores’ para un rol institucional tan importante como es el último lugar de interpretación de la Constitución de la Ciudad y la última instancia local de resolución de conflictos”.
Además, recordó que fue parte de las maniobras de “persecución y hostigamiento a jueces independientes como Ramos Padilla por investigar a las mafias vinculadas al Gobierno”.
“En definitiva -resumió Recalde- no fueron elegidos por su idoneidad ni por su trayectoria, sino por su absoluta subordinación al partido de Gobierno”.