por Valeria Azerrat
La realización de la sesión de la Legislatura porteña del jueves, para tratar el convenio urbanístico firmado por el Gobierno porteño que habilita un nuevo barrio en la Costanera Sur que replica el modelo urbano de los edificios de altura de Puerto Madero, está en duda debido a una orden judicial vigente que suspendió el debate parlamentario por incumplimiento en el proceso.
Fuentes del oficialismo porteño indicaron que «la voluntad política» es llamar a la sesión ordinaria el 5, tras el receso invernal, no obstante admitieron que estudian la posibilidad de postergar una semana la convocatoria para dar tiempo a que se resuelva la causa judicial vinculada al convenio entre Horacio Rodríguez Larreta con la empresa IRSA, dueña del predio ribereño.
El acuerdo rubricado por la administración porteña y la firma desarrolladora fue enviado el 20 de julio a la Legislatura y contempla el cambio de la norma urbanística que rige actualmente en el predio de 71 hectáreas situado en la Costanera Sur, sobre la avenida España 2200, para autorizar las edificaciones en altura.
Dos días después de la presentación por Mesa de Entradas, la Comisión de Planeamiento Urbano realizó una reunión informativa con la presencia de funcionarios porteños que dieron detalles del proyecto urbanístico, en tanto el lunes pasado emitió un dictamen, con la firma del bloque oficialista, para que sea girado al recinto.
En paralelo, el juez Guillermo Scheibler resolvió la suspensión del trámite parlamentario al hacer lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales y ambientales que denunciaron que el convenio iba a ser sometido a una votación sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución de la Ciudad.
En el recurso elevado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes señalaron que, previamente, debía realizarse una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental del emprendimiento dado que se trata de un proyecto con reformas urbanísticas.
La medida de Scheibler está vigente, pero fue recurrida por las autoridades legislativas, por lo cual se espera una resolución por parte de la Cámara de Apelaciones del Fuero en la Contencioso, Administrativo y Tributario a fin de ratificar el freno o habilitar el tratamiento parlamentario, lo que mantiene a la espera al bloque del oficialismo para definir la fecha de la próxima sesión.
El convenio en cuestión lleva de 12 a 145 metros la altura permitida para las futuras construcciones y dispone que el terreno tendrá aprobada una «mixtura de usos 4», la más alta utilización de los suelos establecida en el nuevo Código Urbanístico.
A modo de contraprestación, la empresa desarrolladora anunció que cederá un sector de 48 hectáreas al dominio de la Ciudad de Buenos Aires para que pasen a ser públicas con la posibilidad de que se conviertan en un parque; no obstante 14 conforman un espejo de agua y otras dos serán calles y boulevares.
El predio se extiende frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, y era propiedad del Estado nacional hasta que en la década del ’60 fue donado al club Boca Juniors a los fines de hacer una Ciudad Deportiva con un megaestadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.
No obstante, la prohibición quedó sin efecto tiempo después y en 1997 esas tierras fueron adquiridas por IRSA por 50 millones de dólares, tras lo cual buscó -sin éxito- cambiar los permisos urbanísticos vigentes ya que hasta ese momento en el espacio sólo se permitían actividades deportivas.
El nuevo emprendimiento, en tanto, fue cuestionado por legisladores del arco opositor que adelantaron que se votarán en contra y advirtieron sobre la ausencia del estudio de impacto ambiental que evalúe el potencial daño que podría generar el proyecto.
El legislador del Frente de Todos (FDT) Javier Andrade manifestó que le «preocupa mucho lo que pueda pasar en la zona ya que el predio está en un humedal, enfrente a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur y del barrio Rodrigo Bueno. Son torres de 145 metros de altura con cauces internos para que puedan tener amarraderos propios. Se necesita de un estudio de impacto ambiental previo».
Por su parte, el diputado Matías Barroetaveña, del FDT, sostuvo que «hay que tener en cuenta la voz de los especialistas ante la posibilidad de hacer un daño ambiental importante en la Ciudad que van a pagar las próximas generaciones», advirtió.
Y la diputada Lucía Cámpora señaló que «de realizarse este proyecto, se vería afectada una zona que es humedal aledaño a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur», en tanto que recordó que «esas tierras que hoy son de un privado, eran públicas y sobre ellas hubo una estafa al Estado nacional».
María Eva Koutsovitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, afirmó que este proyecto «destruirá el humedal costero» ya que «actividades extractivas como las hidráulicas y las vinculadas a emprendimientos inmobiliarios, como en este caso, degradan y destruyen los humedales».
Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio, consideró que el nuevo parque verde que se estipula en el convenio «no agrega espacio nuevo, sino que es el necesario para la nueva población que se va a agregar con Costa Urbana, es decir que no hay ninguna compensación de espacio verde para la Ciudad».