La modificación de la ley de Catastro de la Ciudad, que regula la ubicación y la extensión de los inmuebles edificados y baldíos, fue aprobada en la sesión de hoy de la Legislatura porteña, con los votos del oficialismo y sus aliados: Coalición Cívica, UCR y el Partido Socialista que comanda Roy Cortina.
La iniciativa fue presentado por el titular del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta el 3 de junio pasado y durante el debate en la Comisión de Planeamiento Urbano, los legisladores de la oposición advirtieron sobre la inclusión de las figuras «conjuntos inmobiliarios» y «propiedad horizontal especial», lo que, a su entender, abría la posibilidad, a futuro, de habilitar los barrios con perímetro cerrado.
El controvertido proyecto también fue criticado por organizaciones profesionales y vecinales, como el Colectivo de Arquitectas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad: Sin embargo el oficialismo no accedió a incorporar al texto de la norma la prohibición para la radicación de barrios cerrados, como lo reclamó el arco opositor. Puntualmente, quedaron sancionadas una serie de cambios a la ley de Catastro 3999, promovidas desde la administración porteña con el fin de «actualizar disposiciones que han quedado obsoletas con los avances tecnológicos, los nuevos procedimientos y necesidades de la Ciudad».
En consecuencia, la bancada oficialista de Vamos Juntos retiró de la redacción del expediente ambos términos; no obstante, la medida no convenció a los legisladores del Frente de Todos que solicitaron que la eliminación «no garantiza que no vayan a existir barrios privados o barrios náuticos en Ciudad».
«Lamentablemente, en el conjunto de artículos queda encubierta la posibilidad de avanzar en barrios privados, sobre todo, en uno de ellos que cambia la denominación ´eje de calle´ por el de ´vía pública´, lo que anticipa la posibilidad que ante la inexistencia de ´vía pública´, dentro de un perímetro establecido, pueda haber vías que no sean públicas, lo que habla de barrios privados», precisó el legislador Javier Andrade.
Por su parte, el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas pidió a los legisladores que incluyan «taxativamente» en la reforma de la ley de Catastro «el carácter indefectiblemente público de todas las vías y calles existentes y futuras», así como «la prohibición expresa de constituir enclaves urbanos cerrados».
Por su parte, desde Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio Público de la Defensa de Ciudad expresaron su «preocupación» por la reforma a la norma de Catastro, aprobada por la Legislatura porteña y consideraron que podría generar «condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana» en barrios populares.
«Entendemos que la falta de discusión sobre el proyecto de ley abre fuertes interrogantes acerca de las construcciones que no se encuentran en condiciones edilicias adecuadas y cómo el proyecto contribuirá o no a la titulación», indicaron en una carta enviada a la Legislatura.
En ese marco, manifestaron la preocupación, puntualmente, a la reforma del Capítulo 6 de la ley de Catastro, destinado a los Barrios en Proceso de Integración Urbanística, en cuanto a que «los términos genéricos de su redacción generarían condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana».
«De esta manera, a través del proyecto, se establece un régimen particular para Barrios en Proceso de Integración -Villa 20, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 31- en el que se permitiría registrar la mensura sin exigirse el registro de la construcción ni el relevamiento de los hechos interiores existentes», advirtieron.
Puntualizaron que «en primer término, debe decirse que la incorporación de las parcelas sobre las que se asientan Barrios Populares en el Catastro es un paso relevante dentro del extenso proceso de regularización urbanística y dominial».
Sin embargo, los cambios aprobados «permitirían extender y consolidar la precariedad habitacional, en tanto no pretende identificar el hecho construido antes de la incorporación en los registros catastrales de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, se estaría habilitando al Gobierno porteño a omitir la obligación de mejorar las viviendas antes de iniciar el trámite para la regularización».
La reforma fue aprobada en la Legislatura con 36 votos a favor de los bloques del oficialismo porteño y aliados, como UCR-Evolución; y 20 en contra de las bancadas del Frente de Todos y la Izquierda.