En el marco de una reunión virtual, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y avaló la «autonomía» del distrito ante la demanda contra el decreto presidencial de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La resolución del máximo tribunal concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 (presidencial) «violó la autonomía de la ciudad», al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril. «Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes», consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos.
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se había presentado el 16 de abril pasado ante la Corte Suprema al impulsar una «acción declarativa de inconstitucional» contra el Ejecutivo Nacional por considerar que el DNU 241/2021 había sido dictado «sin necesidad» y que lo que había dispuesto esa norma «debió hacerse con intervención del Congreso Nacional».
«Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas» en el AMBA «o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña», expresó la Corte.
El fallo fue firmado por el presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (los dos primeros lo hicieron con argumentos propios).
En el marco del proceso «sumarísimo», el Ejecutivo porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del «AMBA» que, si bien la abarca, «no debe ser contemplada de manera genérica debido a que la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden».
La Corte recordó que, «a partir de la Reforma del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se expresó en el nuevo artículo 129, según el cual «tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción».
Agregó que «los tribunales, y particularmente esta Corte, son los encargados de velar porque las atribuciones asignadas a cada autoridad no sean entendidas de manera tan extensa que se vacíe el carácter federativo de la Constitución».
El máximo tribunal destacó que, al definir la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Constitución «no surge ningún obstáculo» para «decida sobre la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a cabo la educación en su territorio».
Remarcó que «las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Según la sentencia, «la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena».
Repercusiones del fallo en el ámbito docente
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en repudio a esta decisión, el gremio docente UTE-Ctera resolvió continuar hoy la medida de fuerza y acusó a los integrantes del máximo tribunal de emitir una sentencia «que no es una medida a favor de la presencialidad» sino «un atentado contra el dispositivo sanitario del Gobierno nacional que, a la luz de los contagios que genera la circulación, dispuso medidas sanitarias para reducir los casos».
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), consideran que este fallo «habilita a Larreta a hacer campaña a costa de la salud y la vida». En este sentido, la determinación del gremio fue ratificar el paro docente en reclamo del «sostenimiento del vínculo a pedagógico a distancia» por razones epidemiológicas, y al mismo tiempo reclamar «dispositivos y conectividad para garantizar la educación».
Desde esta organización gremial, reclaman, también, que el Gobierno porteño cese «la persecución» a les docentes que hasta ahora adhirieron a la medida de fuerza en el distrito, como así también a las familias que resolvieron no enviar a sus hijos a las aulas.
En tanto, desde el sindicato Ademys, la Asociación de Enseñanza Media y Superior, anunciaron que la decisión que primaba entre la conducción era el «rechazo al fallo de la Corte» y la continuidad del «plan de lucha».
«Rechazamos el fallo de la Corte Suprema y planteamos la continuidad del plan de lucha», subrayó la secretaria de prensa de Ademys, Marisabel Grau. Otro de los representantes del mismo gremio, el secretario adjunto Jorge Adaro, definió al fallo del máximo tribunal sobre el DNU 241/2021 que había dictado el Ejecutivo como una demostración de la «subordinación» de la Corte a la «política criminal del gobierno de Larreta en relación a la educación».
En relación a la continuidad de las medidas de fuerza, Adaro, adelantó que «el jueves habrá una nueva acción de paro» que estará acompañada por la realización de «una caravana» en vehículos que irá primero hasta la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, y desde allí hacia la localidad de Garín, con la intención de «exigir la incautación de esas vacunas para que estén al servicio de la población». Recordemos que en la localidad Garín, al norte del conurbano, se encuentra el laboratorio Mabxience, del Grupo Insud donde se está produciendo en cantidades siderales el principio activo de la vacuna AstraZéneca.
Por último, la conducción porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) aseguró que «el dictado de clases virtuales es una exigencia humanitaria», por lo que ratificó la continuidad pedagógica a través de la retención de tareas presenciales hasta el 21 de mayo próximo, cuando expirará el nuevo decreto presidencial, informó el gremio.
De acuerdo con este nuevo decreto (287/21), los indicadores de los últimos 14 días en la ciudad de Buenos Aires evidencian una situación de alarma epidemiológica y sanitaria. «Continuar los trayectos educativos de forma virtual es una exigencia humanitaria. Los docentes privados renuevan otra vez su compromiso con la vida», remarcó el gremio en un comunicado.
Para esta organización gremial, «la discusión (hoy) no es pedagógica», no obstante «la importancia del vínculo con los estudiantes y la forma en que se potencia con la presencialidad, pero «el tema es el cuidado de la salud y la vida para no lamentar más muertes de docentes».
La retención de tareas presenciales -señalan desde este gremio- se enmarca en el ejercicio del derecho relacionado con el deber de seguridad a cargo del empleador, consagrado en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744 y las resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE), en particular las 364/20 y 387/21 en la actual emergencia.
«Los empleadores de gestión privada de la ciudad no deben dejarse presionar y tienen que cuidar la salud de las comunidades educativas. Es un imperativo ético. Hay que cumplir la ley y no someter sus intereses en función de disputas judiciales o políticas», puntualizó.
Para el Sadop, la virtualidad «es un hecho», y añadió que «nada es posible esperar de las autoridades educativas porteñas», que decidieron «incumplir un decreto nacional, desviar las discusiones y presionar a las escuelas para que fuercen a los trabajadores, estudiantes y familias a arriesgar su salud», concluyó.
Por su parte, el constitucionalista Gustavo Ferreyra dijo que con el fallo que avaló la posición del Gobierno porteño sobre las clases presenciales, la Corte Suprema de Justicia «ha decidido ingresar en un área cubierta por la doctrina de las cuestiones políticas» y advirtió que «no debería haber decidido esta causa de esta forma», porque «la decisión del Presidente se encuentra fundada sobre fuentes científicas muy seguras».
En ese sentido, sostuvo que la Corte «dispuso el enjuiciamiento de la suspensión determinada por el Presidente», así como también que «se violaron las normas de la Ciudad de Buenos Aires».
«A mi juicio, la Corte ha decidido ingresar en un área cubierta por la doctrina de las cuestiones políticas», advirtió Ferreyra.
Ferreyra, que es discípulo del constitucionalista Germán Bidart Campos, consideró que «dichas políticas, en sentido estricto, son las determinadas por el Presidente de la República en el ámbito de sus competencias» y sostuvo que «en principio, se encuentran exentas del control de constitucionalidad».
«Sin embargo, ahora, la Corte advierte la violación jurídica en que habría incurrido el Presidente», afirmó Ferreyra y dijo que «una de las consecuencias inmediatas de esta decisión es que de ahora en adelante, la política sanitaria también será corresponsabilidad de la Corte Suprema de Justicia».
Ferreyra sostuvo que la Corte, «dentro del repertorio propio de su jurisprudencia, no debería haber decidido esta causa de esta forma», porque «la decisión del Presidente se encuentra fundada sobre fuentes científicas muy seguras».
«La cuestión no era judiciable, porque es política en sentido estricto, pero la Corte resolvió igual», opinó el doctor y postdoctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde, además, es catedrático de Derecho Constitucional.