El biólogo y filósofo del Conicet Guillermo Folguera considera que la política del Gobierno porteño en torno al arbolado forma parte de un entramado de «cuestiones que a veces se presentan como desvinculadas». Y destaca centralmente dos aspectos: uno, que en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en otros puntos del país, «el arbolado no representa ningún tipo de prioridad»; y el otro, que en el distrito capitalino «hay una política sistemática vinculada al negocio inmobiliario, y es importante comprender el vínculo con el extractivismo urbano».
Como parte de ese último punto, Folguera marca que el pensar la ciudad en función de grandes edificios, ensanchamiento de avenidas, actúa en desmedro del arbolado, a lo que se suma como variante «la pérdida del espacio público y la calle como lugar para moverse de un punto al otro, con pérdida del espacio común».
Por último, sostiene que esta política se trata de una «cuestión de clase». En este sentido explica: «Cualquier pérdida de espacio verde lo es sobre todo para los sectores más bajos, porque los sectores altos lo tienen garantizado de otras maneras. Es una cuestión de clase muy marcada».
Este combo, que para Folguera se relaciona con los datos recientemente revelados sobre el alto porcentaje de mortandad entre árboles plantados en los últimos años (1), se vuelve explosivo en un contexto de crisis climática, pero –cuestiona- no se analizan como parte de un mismo fenómeno.
«El incremento de la temperatura no se conecta con qué significa el árbol como agente biológico fundamental para bajar la temperatura y absorber carbono. No hay una comprensión, se buscan salidas ingenieriles o tecnológicas en vez de ecosistémicas. Y en el fondo esto tiene que ver con la ideología de que los espacios públicos no son para vivir sino medios para generar dinero. La vereda o la plaza no están siendo consideradas como lugar de vida», sostiene.
«Los árboles absorben dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global, a la vez que liberan oxígeno. Además, son filtros para contaminantes como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, ozono y de sulfuro; aumentan la biodiversidad urbana y contribuyen a la regulación térmica con lo que pueden reducir la necesidad de aire acondicionado en un 30%. Los espacios verdes y el arbolado son una gran herramienta para moderar, amortiguar o mitigar los efectos del cambio climático, convirtiéndose su importancia en un tema de salud pública», plantea la legisladora del Frente de Todos Laura Velasco, quien este año volverá a presentar un proyecto para modificar la Ley 3263 de arbolado público urbano «para que haya mayores controles y cuidados sobre el arbolado de la ciudad y nuevas plantaciones, principalmente en barrios populares donde existe un gran déficit -en villa 20, hay apenas 1 ejemplar cada 80 personas-, entre otras medidas».
Tras la difusión de los relevamientos sobre mortandad de árboles, Velasco presentó la semana pasada un pedido de informes para que el Ejecutivo porteño explique cuántos árboles plantó y cuántos se secaron en Parque Tres de Febrero y Costanera Sur, si existe un diagnóstico sobre los motivos, si esos ejemplares serán reemplazados, qué presupuesto se destina a su manutención, entre otras cuestiones.
El fallo judicial que obliga al Gobierno porteño a informar a la ciudadanía sobre podas y extracciones
En este contexto, y ante el bajo presupuesto destinado al mantenimiento del arbolado público en el territorio porteño, con su correlato en la priorización puesta en la poda y las extracciones, es uno de los ítems señalados como problemáticos por las organizaciones abocadas a la defensa del arbolado en la ciudad, entre ellas Basta de Mutilar Nuestros Árboles., llevó el tema a la justicia con resultado a favor.
En septiembre último, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones de la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y dejó firme el fallo de febrero del año pasado del juez Guillermo Scheibler, que ordenaba suspender podas y extracciones de árboles hasta que no se cumpla con lo dispuesto por la Ley 3263, e incluyó un acceso total de la ciudadanía a los datos sobre arbolado y que el tema esté a cargo de personal idóneo.
«Después de la sentencia, el Gobierno de la Ciudad y las juntas no cambiaron su actitud», denunció María Angélica Di Giacomo, fundadora de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.
La activista añadió que «lo que sí hicieron –como una manera de que creamos que están cumpliendo- fue lanzar el portal Arbopedia, que no tiene ninguna novedad». El portal fue estrenado a comienzos de este año. Su acceso es a través del enlace www.buenosaires.gob.ar/arbolado.
«Según la sentencia no podrían tocar un árbol hasta no cumplir lo que dijo el juez: que la información sea accesible a la comunidad, pero no sólo cuántos fresnos hay y demás, sino qué van a hacer con cada ejemplar y por qué. Deberían tener informes sobre cada árbol por talar, extraer, podar, fotos de antes y después. Todo eso debería estar y no está».
Mientras tanto, las prácticas denunciadas siguieron. «No estamos de acuerdo en podar como lo están haciendo. Solo se debería podar si es necesario, porque es una agresión al árbol, los hace más vulnerables, acortan su esperanza de vida y perdemos sus beneficios. Un árbol con tres hojitas no produce los beneficios ambientales de un árbol con todo el follaje», remarca Di Giacomo.
Cuestionó, además, los motivos esgrimidos para justificar las podas: «Inventaron el despeje por luminarias, porque las colocaron sin tener en cuenta el arbolado. Nos dicen que ahorramos con la luz led, pero tenemos que pagar cada poda por luminarias».
Según los datos recabados por Basta de Mutilar a partir de la licitación que adjudicó el mantenimiento del arbolado, «de los 2500 millones de pesos asignados para arbolado de alineación (en veredas) en dos años, el 95% se usa para poda, cortes de raíces y extracciones. Solo 5% para plantación y cero pesos para cuidar lo plantado». Todo esto, en manos de un grupo de pocas empresas –entre ellas, algunas aportantes de campañas del PRO- y con ingresos crecientes en función del aumento de las podas y sus costos por ejemplar. De hecho, el fallo del juez Scheibler citaba un informe de la Auditoría General de la Ciudad que advertía sobre un aumento del 500 por ciento en tres años (de 2012 a 2015) en el negocio de la poda.
«No hay una real política para preservar, plantar y cuidar. Nos estamos quedando sin los beneficios del arbolado. Hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que se necesita en este momento para la salud ambiental, psíquica y física de la población», planteó la referenta de Basta de Mutilar, organización que planea hacer durante 2022 una actividad por mes en una plaza de cada comuna, entre otras iniciativas para informar y concientizar. Aunque los planes no siempre son fáciles de cumplir –dice Di Giacomo- porque «la inmediatez de la destrucción cotidiana nos lleva mucho tiempo».
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1. ver nota: Mil árboles muertos en el espacio público de CABA