sábado, agosto 13

EXIGEN LA SANCIÓN DE UNA LEY CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA CABA

Familiares de víctimas y organizaciones sociales exigen a la Legislatura porteña que debata y apruebe una ley contra la violencia institucional, que, entre otros puntos, prevé la creación de centros de recepción de denuncias, un registro específico para este tipo de delitos y la capacitación en derechos humanos para la Policía de la Ciudad.

El proyecto de una «Ley integral contra la violencia institucional» fue presentado en mayo de 2021 por la legisladora Lucía Cámpora (FdT) y lleva las firmas María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Laura Velasco, el legislador Claudio Morresi y la legisladora mandato cumplido Lorena Pokoik.

La iniciativa propone crear centros de recepción de denuncias atendidos por personal ajeno a la policía y de un registro de violencia institucional que tenga a su cargo la tarea de clasificar las denuncias ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

También establece procesos de capacitación en derechos humanos para la Policía de la Ciudad e incluye «reglas mínimas» para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas, así como «principios» sobre el empleo de armas de fuego. Y prevé asistencia y reparación a las víctimas y familiares.

Claudia Noemí Castro, madre de Luis Antonio Acosta, cuyo asesinato, ocurrido en 2003, fue encubierto por efectivos policiales, integrante Madres en Lucha, dijo que la aprobación de esta ley es necesaria porque «la policía es cada vez peor, no tiene experiencia» y sus efectivos «no están capacitados».

Dolores Sigampa, madre de Ezequiel Demonty, asesinado por agentes de la Policía Federal en 2002, participó de la radio abierta que se desarrolló este lunes frente a la Legislatura porteña, aseguró que «los pibes y pibas de los barrios populares siguen siendo torturados y asesinados por negros, por pobres y por portación de cara».

Frente al Palacio Legislativo se montó una muestra fotográfica que incluyó imágenes de los rostros de varias víctimas de violencia institucional, entre ellas Miguel Bru y Camila Arjona.

De la actividad también participó la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), que denunciaron la «criminalización» de su trabajo y aseguran que cada día viven «en carne propia» la violencia policial.

Otras organizaciones que adhirieron al proyecto de una ley integral contra la violencia institucional son La Nelly Omar, Casa Diversidad Trans Villera, Juventud CTA, Identidad Marrón, Foro Migrantes, Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina y la Cátedra contra la Violencia Institucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

 

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