domingo, agosto 14

«ESTAMOS EN PELIGRO, NO HAY ESTADO DE DERECHO EN LA CABA»

De esta manera se pronunció interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, respecto a la sentencia emitida por la Justicia porteña que suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras detectar un supuesto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

Al respecto, la interventora de la AFI señaló que “el espionaje ilegal es parte de la naturaleza de ellos. No importa cómo se llamen Pro, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Siempre espían”, dijo, al tiempo que advirtió «La gente tiene otros problemas y no le parece algo grave el espionaje porque cree que esto no le va a pasar. La gente ve lejana la posibilidad de que lo espíen, pero estamos todos en peligro porque no hay estado de derecho”

En este sentido Caamaño, subrayó: “Ellos –por el macrismo-larretismo- siempre terminan dándole un uso ilegal. Terminan ilegalizando lo legal, porque está bien que haya cámaras para perseguir a los prófugos de la justicia. Sin embargo, desde que esta dupla está al frente del Gobierno de la Ciudad, se llevan a cabo una procedimientos ilegales»,

Por otra parte, la funcionaria hizo hincapié en que este procedimiento de espionaje ilegal se efectúa, incluso, sobre los propios socios políticos de  porque “entre los espiados está (Gerardo) Morales, (Elisa) Carrió y Patricia Bullrich”.

Asimismo, Caamaño consideró que en el macrismo “deben tener grabaciones, filmaciones y escuchas de todos y entonces lo puede decir así tan tranquilamente”.

Vale recordar que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

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