El 22 de octubre de 1977, seis meses después de que las Madres de Plaza de Mayo comenzaran sus rondas semanales, un grupo de doce mujeres se unió con un objetivo específico: buscar a sus nietos, hijos de sus hijas e hijos, secuestrados durante la dictadura cívico-militar argentina. Inicialmente conocidas como «Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos», la historia las consagró como «Abuelas de Plaza de Mayo».
Raquel Radío de Marizcurrena, Clara Jurado, María Eugenia Cassinelli de García Iruretagoyena, Celia Giovanola de Califano, Haydée Vallino de Lemos, Alicia «Licha» Zubasnabar de De la Cuadra, Leontina Puebla de Pérez, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez y Mirta Acuña de Baravelle fueron las fundadoras de esta organización. Su labor ha permitido, hasta la fecha, la recuperación de 128 nietos y nietas.
El Estado argentino reconoció formalmente el trabajo de las Abuelas en 2005, con la promulgación de la ley 26.001, que instituyó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Previamente, en diciembre de 2004, el Congreso Nacional había sancionado dicha ley.
La Justicia, por su parte, tardó 35 años en reconocer la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés implementado durante la última dictadura. En un fallo histórico del 5 de julio de 2012, el exdictador Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de reclusión, la pena máxima en la legislación argentina, junto con severas condenas para otros represores. El Tribunal Oral Federal 6 también condenó al exmarino Jorge «Tigre» Acosta a 30 años de prisión y al exdictador Reynaldo Bignone a 15 años. La jueza María del Carmen Roqueta, al leer el fallo, explícitamente declaró que cada uno de los 36 casos juzgados constituía «parte integrante de un plan sistemático de robo de bebés».
Las Abuelas de Plaza de Mayo han sido nominadas al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones (2008, 2011 y 2023) y en 2011 recibieron el premio Félix Houphouët-Boigny de la UNESCO por su trabajo en derechos humanos.
Su labor se encuentra estrechamente ligada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONaDI), creada en 1992, y al Banco Nacional de Datos Genéticos, fundamental para establecer la filiación familiar. Si bien la CONADI se enfoca en la búsqueda de niños desaparecidos, también recibe denuncias sobre robo y tráfico de menores y otros delitos contra la identidad.
Las primeras pericias para determinar la abuelidad se realizaron en 1984 a petición de las Abuelas. En 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley 23.511, creando el Banco Nacional de Datos Genéticos, que opera en el Hospital Durand. En 2009, se sancionaron leyes que habilitan al juez a ordenar la extracción de ADN para identificar a hijos de desaparecidos y que transforman el Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente autárquico dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.