El martes 13 de mayo, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó a cabo una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, se entregó una nota dirigida al ministro Dr. Mario Lugones, exigiendo medidas urgentes para enfrentar la crisis del sistema de atención a personas con discapacidad.
por Lucía Pereyra
El reclamo reunió a personas con discapacidad, familias, trabajadores del sector, transportistas, profesionales e instituciones, quienes expresaron su preocupación ante el congelamiento de aranceles y la inactividad del Directorio del Sistema Único de Prestaciones, que no se reúne desde octubre de 2024.
Los aranceles que el Estado paga a prestadores de servicios para personas con discapacidad permanecen congelados desde diciembre de 2024, acumulando un desfasaje del 73% respecto a la inflación. Esta situación amenaza la continuidad de prestaciones esenciales, afectando a más de 250.000 personas.
Escuelas de educación especial, centros de día, hogares y transportistas están cerrando o reduciendo servicios debido a la falta de actualización de aranceles. Asimismo, profesionales como psicólogos, terapistas y acompañantes terapéuticos enfrentan graves dificultades para sostener sus labores.
Desde el Foro se advierte que, sin medidas urgentes, la crisis seguirá profundizándose. Por ello, continúan impulsando el Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad como una respuesta estructural. Sin embargo, el 2 de mayo pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rechazó públicamente la iniciativa, argumentando que la emergencia es «supuesta» y no real.
Este posicionamiento ha generado indignación entre las organizaciones, que denuncian la falta de reconocimiento de los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. La falta de acceso a pensiones, rehabilitación, educación, transporte y medicación refleja una emergencia concreta que requiere respuestas inmediatas.
La ANDIS calificó la emergencia como “supuesta”, posición que, según críticos, desconoce la realidad cotidiana de este grupo poblacional. Numerosas personas con discapacidad se encuentran en riesgo inminente de perder beneficios fundamentales, tales como las pensiones no contributivas, así como el acceso a servicios esenciales para su bienestar y desarrollo. Esta precariedad afecta especialmente a niños y niñas, que ven limitada su rehabilitación, educación y acceso a medicación adecuada.
En cuanto a la gestión de la ANDIS, se señala la falta de avances sustanciales para dignificar las condiciones laborales de quienes trabajan en talleres protegidos, cuyo salario mensual es apenas de $28.000 desde febrero de 2023. Tampoco se han presentado propuestas claras para la actualización de aranceles ni se ha garantizado la transparencia necesaria en la auditoría de pensiones, lo que genera desconfianza en la administración de estos recursos.
Además, la problemática se agrava ante la falta de infraestructura y transporte accesible, aspectos vitales para la inclusión social y la autonomía. El desfinanciamiento de hogares destinados a personas sin red familiar tampoco ha pasado desapercibido, ya que estos espacios representan un soporte indispensable para quienes no cuentan con apoyo directo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos que requieren soporte económico y políticas públicas efectivas para garantizar una vida digna. Aunque las iniciativas vigentes han permitido que muchos accedan a apoyos esenciales, persisten críticas respecto a los criterios restrictivos que dificultan la universalización de estos beneficios.
Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna y al acceso a los apoyos y prestaciones necesarias para su plena inclusión en la sociedad. La falta de medidas concretas y efectivas repercute negativamente en miles de familias, que enfrentan una creciente exclusión y dificultades para acceder a servicios básicos que impactan directamente en su calidad de vida.
El Foro y las organizaciones sociales que trabajan esta problemática exigen al Ministerio de Salud que convoque de manera inmediata al Directorio del Sistema Único de Prestaciones con el fin de actualizar los aranceles vigentes.