En junio de este año, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través de su Cátedra UNESCO «Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina», presentó un informe regional que arroja luz sobre una problemática profundamente arraigada en las universidades latinoamericanas: el racismo y la discriminación étnico-racial. El estudio, que recogió más de mil respuestas provenientes de diecinueve países, evidenció la persistencia de múltiples formas de discriminación dirigidas hacia estudiantes, docentes y trabajadores afrodescendientes e indígenas dentro de la educación superior.
Este trabajo fue dado a conocer en el marco de una mesa de trabajo conjunta entre la UNTREF y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), donde especialistas y referentes universitarios se congregaron para compartir diagnósticos, propuestas y experiencias con el fin de avanzar hacia una educación superior más justa, inclusiva y equitativa.
El director de la Cátedra UNESCO, Daniel Mato, destacó que la educación superior debe ser un espacio donde prevalezcan la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, subrayando que la construcción de universidades más plurales y democráticas exige espacios de diagnóstico y reflexión constante acerca de las experiencias de discriminación que aún sufren los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para Mato, este diálogo es fundamental para impulsar cambios profundos en el sistema universitario.
Una de las voces clave en este debate fue Victoria Beiras, doctora en Antropología y coordinadora ejecutiva de la Cátedra UNESCO, quien calificó al informe como una herramienta vital para visibilizar las múltiples manifestaciones de discriminación que persisten en las universidades. Beiras resaltó que es indispensable la implementación de políticas institucionales integrales y mecanismos efectivos para prevenir, atender y sancionar la discriminación en todos los recintos académicos.
Por su parte, Roberto Escalante Semerena, secretario general de UDUALC, planteó que la desigualdad estructural histórica en América Latina constituye la base sobre la cual se sostiene el racismo. Desde esa perspectiva, enfatizó la necesidad de comenzar a trabajar en estas problemáticas desde la infancia, recuperando la noción comunitaria y promoviendo la enseñanza de la interculturalidad como un valor esencial y bello dentro de la educación.
El informe también puso de manifiesto las profundas brechas de acceso que enfrentan jóvenes afrodescendientes e indígenas en diversos países. En Ecuador, por ejemplo, Rosángela Caicedo Quiroz, desde la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU), advirtió que un alto porcentaje de jóvenes afroecuatorianos no logra ingresar a la educación superior. Hizo especial hincapié en la doble discriminación que sufren las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan barreras adicionales tanto por su género como por su etnia. Caicedo subrayó la apremiante necesidad de programas que acompañen específicamente a estos grupos vulnerables.
Desde Brasil, Vera Lucía Darrocha Maquea, miembro de la Asociación Brasileña de Rectores de Universidades Estatales y Municipales (ABREUM), reconoció los avances que han significado las acciones afirmativas implementadas en esa nación. Sin embargo, advirtió que sancionar las conductas discriminatorias no basta y que es fundamental reeducar a la sociedad para erradicar los prejuicios. Propuestas como la creación de comisiones permanentes y la habilitación de canales de denuncia anónimos se presentaron como necesarias para avanzar en esta dirección.
En Colombia, Carlos Augusto Ramírez, asesor de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), propuso transformar las universidades en verdaderos territorios de justicia. Su visión apunta a la adopción de políticas institucionales antirracistas que reconozcan los saberes ancestrales, incorporen enfoques diferenciales y realicen modificaciones profundas en los currículos para incluir perspectivas interculturales.
Otro aspecto resaltado fue el miedo que enfrentan muchas víctimas a la hora de denunciar casos de discriminación. María Susana Cervantes Anangonó, magíster de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), enfatizó la importancia de generar espacios seguros de escucha activa, atención emocional y acompañamiento para quienes sufren estas situaciones. Para ella, ofrecer estos soportes emocionales es imprescindible para que las víctimas puedan alzar su voz sin temor a represalias.
El cierre del encuentro estuvo marcado por las palabras de la docente y activista maya y yucateca Berta Maribel Pech Polanco, quien reiteró la importancia de la formación docente antirracista y la enseñanza en lenguas indígenas, además de la implementación de políticas afirmativas en los procesos de admisión. Señaló que para construir universidades inclusivas que respeten las identidades culturales es imprescindible integrar estos elementos en las estructuras educativas.
Este informe y el diálogo que generó evidencian la situación urgente que enfrentan universidades latinoamericanas para combatir el racismo y la discriminación en sus distintas expresiones. La raíz histórica de estas problemáticas y sus múltiples manifestaciones exigen una respuesta coordinada y multifacética que combine políticas integrales, cambios culturales y pedagógicos, así como mecanismos efectivos de prevención y sanción.
A partir de esta radiografía, las universidades y organismos regionales tienen en sus manos una hoja de ruta que potencia la lucha contra el racismo estructural en la educación superior, buscando asegurar que la diversidad étnico-racial deje de ser un motivo de desigualdad para convertirse en un eje fundamental de la pluralidad que enriquece a la academia y a la sociedad latinoamericana en su conjunto.