ATE llama a los trabajadores estatales a celebrar el Día del Trabajador Estatal el próximo viernes 27 de junio y a desobedecer el decreto que eliminó la conmemoración.
Esta medida, calificada por la organización sindical como un “decreto trucho” e “ilegítimo”, ha provocado una fuerte reacción entre los trabajadores estatales, encabezados por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien ha expresado que no cumplirán con una normativa que consideran contraria a la Constitución Nacional.
El 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, tiene una profunda significación histórica y política que va más allá de una simple celebración. Esa fecha se eligió para conmemorar la sanción por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del Convenio 151, que impulsa las negociaciones colectivas en el sector público a nivel continental. Por ello, la eliminación de esta fecha mediante el Decreto 430/25 ha sido interpretada por ATE no solo como una arbitrariedad, sino también como un ataque directo a los derechos laborales y a la memoria de las luchas sindicales y estatales que perduran hace décadas.
Rodolfo Aguiar manifestó con firmeza que el Gobierno evidencia “mucha impotencia” y que busca “castigar porque los estatales no nos entregamos y porque hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”. Esta declaración refleja la tensión existente entre el sindicato y las autoridades nacionales, en un contexto en el que ATE se ha mostrado como un actor crítico y movilizado frente a múltiples políticas estatales.
El sindicato además comunicó que el próximo viernes se realizará una conferencia de prensa a las 12 horas en la Secretaría de Trabajo, ubicada en Av. Alem 650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para informar sobre las acciones y la postura oficial respecto a esta situación. En paralelo, ATE anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia para impugnar la eliminación del Día del Trabajador del Estado, argumentando que solo el Congreso tiene la facultad legal de derogar una fecha establecida mediante ley, y que en este caso específico la Ley 26.876 (sancionada en 2013) respalda la vigencia de esta conmemoración.
Asimismo, el sindicato ratificó que brindará cobertura legal a todos los trabajadores estatales que decidan tomar el viernes como día de asueto laboral, tal como garantiza la legislación vigente. Se insiste además en que esta disposición se aplicaría únicamente a la Administración Pública Nacional, es decir, ministerios y organismos de alcance nacional, pero no a las administraciones provinciales ni municipales, que continúan rigiendo la jornada como no laborable en sus respectivas jurisdicciones.
La jornada también estará marcada por la celebración del 68° Congreso Nacional Ordinario de ATE, el primero desde que la organización alcanzó sus 100 años de existencia el pasado 15 de enero. Este congreso es un momento clave para la reflexión interna y para definir las estrategias en defensa de los derechos de los trabajadores estatales frente a lo que consideran una embestida oficial contra sus conquistas históricas.
Cabe destacar que la práctica de establecer días no laborables para diferentes sectores laborales es común y cuenta con amplio reconocimiento. Entre las actividades que tienen su propio día de descanso oficial se encuentran los trabajadores ferroviarios (1 de marzo), del sector alimentario (10 de marzo), gastronómicos (2 de agosto), sanidad (21 de septiembre), comercio (26 de septiembre), bancarios (6 de noviembre), petroleros (13 de diciembre), camioneros (15 de diciembre), entre otros. Esta diversidad de fechas refleja el reconocimiento de las particularidades y reivindicaciones laborales de distintos gremios y sectores.
En este contexto, la decisión del Gobierno Nacional de suprimir el Día del Trabajador Estatal, de corte histórico y con respaldo internacional, ha generado no solo indignación, sino también movilizaciones y posibles medidas de acción directa, incluida la posibilidad concreta de un paro el próximo viernes. La convocatoria expresa un llamado a la resistencia sindical y a no aceptar lo que califican como una norma inconstitucional, con la exigencia de que los gobiernos provinciales y municipales mantengan el asueto correspondiente en sus jurisdicciones.
La disputa por la celebración del Día del Trabajador Estatal simboliza, en definitiva, un capítulo más en las tensiones entre el Estado como empleador y los sindicatos que representan a sus trabajadores. También es una reivindicación de la memoria histórica y de los derechos laborales que se construyeron a partir de luchas prolongadas y que hoy están en el centro del debate político y social. La movilización convocada para este viernes marcará el pulso de lo que se espera sea una defensa férrea de estas conquistas frente a los intentos de retroceso impulsados desde el Gobierno Nacional.