Mientras la oposición en la Legislatura porteña propone estatizar la red del Subte y poner fin a las concesiones. Rodríguez Larreta, que estudia alternativas para convalidad la continuidad Metrovías al frente del servicio. Resulta que tras conocerse que la mayoría de las formaciones están contaminadas con asbesto, las empresas RATP y Keolis-Eurnekian optaron por retirarse de la licitación por la concesión del Subte. Metrovías es la única que queda en carrera.
En la Legislatura porteña danzan cinco proyectos, presentados por los distintos bloques de la oposición, que apuntan en un mismo sentido: trasladar la operación del subterráneo al Estado porteño. En pocas palabras, todos y cada uno de ellos proponen estatizar la red del Subte y poner fin a las concesiones. En tanto que el entorno larretista duerme estos proyectos e insiste en el negocio con lo público. El verbo estatizar no se condice con la lógica negociadora del titular del Ejecutivo porteño.
Los proyectos proponen que el servicio sea operado por la empresa estatal Subterraneos de Buenos Aires, con un directorio de 10 miembros: cinco representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad, dos representantes de los trabajadores, dos de los usuarios, y uno designado por la Legislatura porteña.
Hasta 1994, el Subte fue operado en forma directa por Subterráneos de Buenos Aires SE (SBASE), la empresa estatal titular de la red. La entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que dependía del gobierno nacional, acordó con el gobierno de Carlos Menem que el Subte fuera dado en concesión al sector privado junto con los servicios ferroviarios metropolitanos del Gran Buenos Aires. La empresa Metrovías, adjudicataria del “grupo de servicios 3”, se hizo cargo del Subte y de la línea Urquiza; la Ciudad continuó siendo titular de la red de subterráneos, pero sin potestad ni control sobre la concesión, que era nacional. La línea H, construida por SBASE e inaugurada en 2007, estaba fuera de la concesión nacional. Inicialmente se previó que fuera operada por SBASE, pero el gobierno de Jorge Telerman resolvió entregarla en forma precaria a Metrovías, entre otros motivos porque la empresa era la única con material rodante con el que prestar servicio –paradójicamente, material propiedad de SBASE, pero sobre el que la Ciudad no tenía jurisdicción en función del acuerdo de concesión–.
Lo cierto es que por estos días, la concesión del subterráneo de Buenos Aires está vencida desde el 2013. La nueva licitación pública para concesionar el subte por 12 años más (con opción a prórroga por tres años) se inició en febrero de 2018. A la misma se presentaron tres oferentes en competencia: la actual concesionaria Metrovías; el grupo francés Keolis, en conjunto con la Corporación América, encabezada por Eduardo Eurnekian, y Transport for London, operadora del subterráneo londinense; y RATP Dev, empresa del grupo RATP que maneja el Metro y otros transportes urbanos de París. Tras varias postergaciones y luego de hacerse publica la noticia de la contaminación de asbesto en la mayoría de las formaciones, primero se retiró RATP y, más tarde los franceses de Keolis, dejando allanado el terreno para que la operadora del Grupo Roggio continúe al frente de la concesión.
La semana pasada, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, advirtió este martes que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) «no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas».
La presencia de piezas con asbesto en el subte de la Ciudad de Buenos Aires fue alertada por los metrodelegados, quienes -desde un primer momento- reclamaron que la empresa concesionaria del servicio y el gobierno porteño presente un plan para retirar el material, calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el gobierno de la Ciudad demandó el año pasado ante la Justicia española al Metro de Madrid por la venta de vagones con asbesto, y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros. Según se informó, en la demanda de 84 páginas, se afirmó que la venta de 36 vagones CAF 5000, destinados a la línea B del subte porteño, fue «una actuación incalificable, ilícita, irresponsable y de mala fe» por parte del Metro de Madrid.