Una campaña pública del Hospital Juan Garrahan y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunciará el trabajo esclavo y la explotación sexual infantil, e incluirá un protocolo de atención para facilitar que los profesionales detecten si los niños que llegan al servicio están eventualmente sometidos a esos delitos.
«Se trata de una política de alto impacto en la gente y nuestros profesionales están capacitados, por experiencia y por formación, para colaborar en una campaña de este tipo», anunció hoy el presidente del Consejo de Administración del Garrahan, Marcelo Scopinaro.
El defensor del Pueblo del Ciudad, Alejandro Amor, consideró «un orgullo trabajar junto al Garrahan en una campaña contra el trabajo esclavo y la explotación sexual infantil: creemos que somos dos instituciones que tenemos posibilidad de hacerlo».
La campaña puede incluir un protocolo de atención para que los profesionales médicos y los trabajadores de la Defensoría detecten la sospecha de explotación sexual y/o trabajo infantil, realizando una serie de consultas a los niños que llegan a las instituciones, enfatizaron.
Asimismo, ambas instituciones realizarán una campaña de concientización con material audiovisual en escuelas primarias y secundarias, con la colaboración del historietista Fernando Sendra.
Además de Scopinaro y Amor, de la firma del convenio participaron los demás miembros del Consejo -Cristina Giménez, Oscar Trotta y Rubén Nieto-; y los subsecretarios Natalia Santarelli, Livia Ritondo, María Graciela García, Norberto Darcy y José D`Errico, además de la directora de Salud, Diana Galimberti.
Las Cifras en la provincia de Buenos Aires
La Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires asistió en el 2013 a unos 9.800 niños que eran víctimas de violencia y maltrato por parte de sus familias y recordó que está habilitada la línea telefónica gratuita 102 para denunciar este tipo de casos.
Así lo informó el titular de la Secretaría, Pablo Navarro, quien detalló que por año separan «a 2.000 niños de sus familias de origen y en el 50 por ciento de los casos se los separa por maltrato, negligencia en el cuidado y abuso sexual».
«En el 2013, la Secretaría intervino en 20.000 casos de niños con sus derechos vulnerados, y en 9.800 de esos casos se intervino por tratarse de casos de violencia y maltrato», detalló.
El funcionario remarcó que «el 50 por ciento de esas 9.800 intervenciones eran casos similares al de las tres niñas», rescatadas en Monte Chingolo.
El domingo último, tres niñas de 4, 12 y 13 años, primas entre sí, fueron halladas deambulando en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, tras escapar de una pareja, que practicaba el rito umbanda y las tenía sometidas a servidumbre y abuso.
Navarro destacó que «de esos 20.000 casos del 2013, unas 2.180 intervenciones se debieron a casos de abuso sexual, y en el 17 por ciento de esos casos se tuvo que separar de sus vínculos afectivos a los nenes o nenas».
En los 200 hogares que posee la Secretaría en la toda la provincia se alojan más de 3.100 chicos y el 50 por ciento de ellos son casos que tienen que ver con maltrato, abuso sexual o cuidado negligente de adultos, informó.
«La Secretaría cuenta además con una red tercerizada de clínicas, de atención de discapacidades o psiquiátricas, a las que eventualmente se incorporan los niños que así lo requieran», detalló.
Navarro recordó que la Secretaría cuenta con una línea telefónica gratuita, el 102, para recepcionar denuncias sobre casos donde sean vulnerados los derechos del niño.
«La línea 102 funciona las 24 horas, loa 365 días, es de acceso gratuito, y es atendida por un equipo de la Secretaría que de inmediato toma intervención ante una denuncia, articulando con los equipos zonales», explicó.
La línea brinda ayuda a niños y adolescentes víctimas de maltrato, familiares, docentes o vecinos que sepan de la comisión de un hecho de violencia contra un menor de edad.
La línea atiende la demanda de toda la provincia desde el nivel central en La Plata, y coordina respuestas con equipos regionales o municipales especializados.
La función del operador telefónico es la de evaluar el contenido de la demanda, discriminar si se trata de un caso de vulneración de derechos infantiles, evaluar cuál o cuáles son los derechos vulnerados y orientar en consecuencia, hacia la presentación y derivación del caso a un servicio local o servicio zonal, otro efector público, institución u organización social o comunitaria.
La tarea y los datos recogidos se registran en un sistema informático que brinda estadística y conforma una base de datos articulada con el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia.