En el último año hubo un preocupante aumento de las personas en situación de calle en la CABA. Esta problemática social y la falta de abordaje a nivel estatal generan preocupación en la órbita de organismos internacionales. En una comunicación enviada al Gobierno argentino, relatores de Naciones Unidas se manifestaron gravemente preocupados por las «medidas discriminatorias que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal».
El relevamiento internacional proviene de dos destacados relatores de la ONU: Balakrishan Rajagopal, Relator sobre una Vivienda Adecuada, y Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la Pobreza Extrema. En una comunicación enviada al Gobierno argentino, enfatizaron que las políticas implementadas hasta ahora sugieren un patrón de criminalización hacia quienes viven en las calles. Subrayaron la necesidad de cambiar el enfoque y dotar a estas personas de acceso a viviendas dignas, asistencia social, programas de empleo y vías para la formalización laboral, en lugar de aplicar operativos represivos.
Según documentos y datos aportados por organismos locales y federales, desde 2017 a la actualidad, el número de personas en situación de calle en Buenos Aires creció un alarmante 122%, y de 2022 a 2024 específicamente aumentó un 55%. Sin embargo, en respuesta a este fenómeno, el Gobierno de la Ciudad lanzó a principios de 2024 el “Operativo Especial Orden y Limpieza”. Este operativo, criticado por organismos sociales y defensores de derechos humanos, incluyó desplazamientos forzosos de personas sin hogar, confiscación y destrucción de sus pertenencias, incluso documentos personales, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Las estadísticas recopiladas reflejan un aumento dramático del 2.137% en las multas (contravenciones) labradas contra personas en situación de calle, además de un incremento del 500% en hechos de violencia institucional. Detenciones arbitrarias basadas en prejuicios llevaron a que numerosas órdenes judiciales anularan tales actos, evidenciando problemas en las prácticas estatales.
En paralelo con la denuncia internacional, en Buenos Aires se presentó el informe titulado “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”. Este documento fue elaborado conjuntamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (MPD CABA). Su objetivo es aportar datos rigurosos, análisis detallados y propuestas para enfrentar con mayor eficacia esta problemática.
El informe expone no solo el incremento sostenido de personas sin vivienda, sino también la ausencia de políticas integrales que atiendan sus causas y necesidades. Además, criticó la fuerte orientación punitiva del Gobierno porteño, resumida en el paradigma oficial del “Orden y limpieza”, que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de calle, viéndolas como un problema de higiene urbana y negando sus derechos fundamentales.
Aunque se observó un aumento presupuestario del 40,11% en 2025 para programas habitacionales dirigidos a este grupo, las acciones gubernamentales siguen enfocadas en la emergencia y transitoriedad. Las medidas principales continúan siendo subsidios habitacionales limitados o vacantes en centros de inclusión social, sin abordar profundamente las causas estructurales ni garantizar soluciones definitivas.
Datos del MPD CABA del primer semestre del 2024 muestran que el 34% de las personas sin hogar detenidas denunciaron violencia institucional durante su aprehensión. La violencia estatal contra este colectivo creció un 128% en apenas un año, reflejando el endurecimiento del abordaje estatal.
La crónica de esta problemática en aumento en Buenos Aires exige un cambio de paradigma en el abordaje. Los expertos y organismos locales e internacionales coinciden en que es imprescindible adoptar enfoques no punitivos, que respalden la protección de derechos, brinden atención adecuada a las emergencias y, sobre todo, ofrezcan alternativas habitacionales permanentes. El respeto a la normativa nacional, local e internacional debe ser el eje central de la intervención pública.
En su informe, CELS, ACIJ y MPD presentan también una serie de líneas de acción que incluyen tanto medidas paliativas como programas potencialmente transformadores. La urgencia está en alcanzar consensos entre el Estado, la sociedad civil y otros actores involucrados para construir políticas públicas que realmente garanticen el derecho a la vivienda, la dignidad y la inclusión social de quienes hoy viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
La realidad reflejada en estos documentos y pronunciamientos demuestra que la situación de calle no puede ser combatida con operativos de limpieza ni reducida a un problema de orden público. Se trata de una crisis social que demanda voluntad política, sensibilidad y un compromiso real por construir una ciudad más justa y humana, donde nadie quede excluido ni invisibilizado.