BUENOS AIRES PIERDE OTRO PARQUE PÚBLICO

El permiso que el Gobierno de la Ciudad otorgará al Club Atlético Obras Sanitarias para el uso de un predio ubicado en Figueroa Alcorta, hará que los porteños perdamos un nuevo espacio público”, señala el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldivieso, en un extenso informe donde detalla cronológicamente como se sucedieron los hechos que desembocaron en esta nueva entrega de terrenos fiscales.

En 1999 la Ley Nº 239 aprobó el Convenio suscripto entre el Estado Nacional Argentino y la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el 29 de febrero de 1996, por el cual el Estado Nacional cedió y transfirió a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un predio de 46.301,72 m2 situado en la Avenida Figueroa Alcorta 7350, para construir un espacio verde (parque) de uso público. Esta normativa establecía que la transferencia de dominio quedaría condicionada a la afectación real y efectiva del predio al uso público. El 29 de agosto del año 2000 se celebró la escritura pública que formalizó la transferencia del predio, del Estado Nacional al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el predio se encontraban emplazadas instalaciones cuyo uso había sido objeto de un convenio suscripto el 26 de diciembre de 1995 entre el Estado Nacional, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación. La Ciudad asumió los derechos y obligaciones que resultaban del citado convenio. El Club Atlético Obras Sanitarias ocupa un tercio del predio. Sin embargo, el Comodato otorgado al Club venció el 4 de septiembre de 2006. 

En el año 2009, el Ejecutivo de la Ciudad intimó al Club a desalojar el predio de Av. Figueroa Alcorta N° 7.350 por la ocupación irregular del mismo y por impedir cumplir con lo previsto en la Ley N° 239. El Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación promovió acción de amparo contra el Gobierno porteño con el objeto de que se suspenda la ejecución de dicho desalojo. El amparo fue rechazo por el Juez de Primera Instancia y por la Cámara. El Tribunal Superior de Justicia el 5 de diciembre de 2012 confirmó las sentencias de las instancias anteriores. Hasta el día de la fecha no se efectivizó el desalojo. 

El 13 de diciembre de 2018, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley N° 3064-D-18.Este proyecto dispone otorgar al Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años, del predio que actualmente ocupa en la Avenida Figueroa Alcorta 7250. La iniciativa recibió voto afirmativo de 52 legisladores (Vamos Juntos, Bloque Peronista, Evolución, Mejor Ciudad, Partido Socialista, Unidad Ciudadana). El día 27 de febrero, se realizó la audiencia pública obligatoria antes del tratamiento en forma definitiva del proyecto. De aprobarse este proyecto, la Ciudad perderá un parque público y los legisladores habrán violado la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental que ordenan que en la ciudad los espacios verdes públicos deben incrementarse y que se debe conservar la integridad de los parques públicos. Un espacio verde entregado en Comodato pierde su condición de público. 

El Código Urbanístico retoma la Ley N° 239 y establece que este predio es Urbanización Parque, es decir, destinado a espacio verde público. El traspaso del dominio a la Ciudad se hizo con el cargo de ser afectado el predio a parque público. Si los legisladores de la Ciudad no respetan este mandato estarán cometiendo el delito de administración fraudulenta porque el Estado Nacional podrá reclamar que estos predios vuelvan a su propiedad. No sólo los porteños pierden un parque público sino también la propiedad de estos predios. 

“La intención oculta es que el Estado Nacional recupere la propiedad de estos predios para que luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pueda venderlos al Club Atlético Obras Sanitarias o para otro negocio inmobiliario como viene haciendo con tantos predios ubicados en la ciudad sin autorización del Congreso”, afirma el abogado Jonatan Baldivieso.