Legisladores porteños de la oposición y organizaciones en defensa del patrimonio urbano se oponen un nuevo convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa Nehuente SRL para levantar una torre de 72 metros lindera al monasterio y la Iglesia Santa Catalina de Siena, fundados en 1745, dado que el proyecto para erigir esta monumental construcción viola una sentencia judicial que impide obras en altura en una Área de Protección Histórica (APH).
Este pronunciamiento se dio en el marco de una reunión de comisiones de la Legislatura porteña para iniciar el análisis del acuerdo alcanzado entre la administración local y la constructora en torno a una parcela del microcentro en la que se ubican esta construcción colonial, contigua a una inmensa playa de estacionamiento.
La iniciativa plantea que quede intacto el sector de la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín donde se ubican las construcciones históricas, en tanto que en la superficie restante se levante el edificio de más de 20 pisos y tres subsuelos, sumado a un espacio verde de acceso público.
El reclamo en la Legislatura, en rigor, responde a que el emprendimiento inmobiliario se concretaría al lado de una de las construcciones más antiguas existentes en la Ciudad y, a su vez, en una zona considerada como «un fabuloso yacimiento arqueológico» por expertos en el tema.
Además, las tareas para concretar una torre que prevé una constructividad de 46.600 metros cuadrados, implican también una serie de trabajos de excavación, por ejemplo, que podrían afectar a las edificaciones coloniales que permanecen en pie y que fueron declaradas como Monumento Histórico nacional.
María del Carmen Arias Usandivaras, de la asociación Basta de Demoler, indicó que el convenio «es ilegal y está en contra de un amparo que obtuvimos en el 2013 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2016» que frenaron la construcción de la torre.
«No vamos a permitirlo, vamos a seguir adelante porque es violatorio de las normativas de la APH», afirmó la mujer, quien impulsó el amparo años atrás y hoy envió una carta a los diputados porteños para advertir que el expediente enviado por el Ejecutivo «infringe el Código que prohíbe edificios de perímetro libre en esa zona».
Por su parte, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña sostuvo que «esta vez no se trata de rematar la costa ribereña, sino de vulnerar el patrimonio cultural afectando Áreas de Patrimonio Histórico como en el entorno de la Iglesia Santa Catalina».
La diputada María Bielli, también del FDT, pidió a los legisladores del oficialismo que recuerden que «el Tribunal Superior de Justicia ya se expidió sobre lo que tiene que suceder en ese terreno y la protección con la cual tiene que contar por ser lindero al convento».
De parte del Gobierno porteño rechazan la argumentación esgrimida por las organizaciones y el arco opositor al asegurar que «no está vigente» la orden judicial de años atrás. En este sentido, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta, concurrió a la Legislatura para informar a los diputados sobre el convenio urbanístico en el predio de Santa Catalina, así como de otros 15 entendimientos con privados que promueven también construcciones en altura en distintos barrios de la Ciudad.
«Los convenios urbanísticos son una herramienta pertinente para avanzar en proyectos en favor del desarrollo urbano y son instrumentos de articulación público-privada que pueden hacer una Ciudad más productiva y verde», afirmó el funcionario durante la reunión.
A cambio de la habilitación para construir estas 15 nuevas torres, la ciudad de Buenos Aires para recibirá, como contraprestación de casi 36 millones de dólares, informó el funcionario, que añadió la siguiente argumentación: «Los convenios urbanísticos son instrumentos de articulación público privada que buscan hacer una ciudad más productiva y más verde, que permita a los ciudadanos desarrollarse».
Los 15 convenios urbanísticos firmados durante los últimos dos meses por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con varias empresas privadas, y elevados a la Legislatura porteña al día siguiente de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en la que el oficialismo obtuvo el 48% de los votos, intentan cambian las normas de edificación de 15 parcelas, para habilitar allí la construcción de edificios de hasta 70 metros de altura.
Según informó Álvaro García Resta, en enero de este año el Gobierno de la Ciudad lanzó una «convocatoria abierta a convenios urbanísticos, acompañada por un protocolo que, entre otras cosas, estableció el desarrollo de zonas prioritarias y el crecimiento, en calidad y cantidad, de espacios públicos y verdes». El funcionario explicó que los proyectos recibidos fueron puntuados de acuerdo a su aporte en términos de, por ejemplo, «cantidad de suelo absorbente o generación de comercios de cercanía en zonas que lo necesitan».
Alejo Ciliberto, quien también es funcionario de la secretaría de planeamiento, informó por su parte que la contraprestación que recibe el Estado a cambio de cambiar las normar urbanísticas de estas parceles es monetaria y, en algunos casos también incluye la cesión de suelo. En total, los 15 convenios habilitan «casi 200.000 metros cuadrados construibles, crearán cerca de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y generarán contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares a aplicar en obras públicas», agregó.
Las parcelas afectadas por estos 15 convenios y en las cuales se habilitarán «desarrollos urbanos especiales» están en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas.
Foto/Fuente: Télam