APOYO AL PROTOCOLO ILE

Las Legisladoras porteñas Laura Velasco y Cecilia Segura (Frente de Todos); junto a la titular de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Dra. Cintia Mónaco; y la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Viviana Mazur, presentaron, ante ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, un amicus curae a favor de la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que actualiza el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo».

Esta presentación judicial,realizada por iniciativa de la diputada Velasco, en el marco de la reunión que se llevó a cabo a mediados de diciembre del año pasado en la Legislatura porteña, organizada por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, donde se trabajó en la agenda para el año próximo junto a legisladores y legisladoras de distintos bloques, con el objetivo de promover la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al protocolo nacional para la aplicación de la ILE. En este sentido, el Frente de Todos ya presentó un proyecto de ley.

Respecto a la intención del amicus curiae, Velasco explicó: “Ante la situación de que hay sectores antiderechos que iniciaron una causa para frenar la resolución para la aplicación del protocolo para abortos no punibles, decidimos impulsar, por un lado, un proyecto de ley en la Legislatura para que la Ciudad adhiera, pero también apoyar al Ministerio que encabeza Ginés González García en esta política pública a través de esta presentación judicial, porque entendemos que es un tema de derechos humanos de mujeres y personas gestantes, una causa de salud pública y de justicia social, porque son siempre las más pobres quienes más sufren las consecuencias de los abortos clandestinos.”.

El pasado 13 de diciembre, la Presidenta del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires, María Alejandra Muchart, y Ernesto Ricardo Lamuedra, postulante al cargo de Defensor de las niñas, niños y adolescentes, presentaron un amparo para que se deje sin efecto por inconstitucional la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.

Según los fundamentos del escrito, al menos 22.800 mujeres mueren cada año por abortos inseguros a nivel mundial. En Argentina, se considera que se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazo por año -las son estimativas ya que, por tratarse de una práctica mayormente clandestina, no se dispone de datos precisos-. Según datos disponibles en la página web de la Dirección de Estadísticas e información en Salud, en el año 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, el 16,7% fueron de adolescentes de hasta 19 años y el 26% de mujeres entre 20 y 24 años. En 2017, el 60% de las muertes por abortos correspondió a mujeres de entre 15 y 29 años. En la Argentina, la muerte por interrupción del embarazo está entre las primeras causas de mortalidad materna, representando el 14,85%, mientras que en los países donde el aborto es permitido por ley y el personal de salud está capacitado, la tasa de mortalidad es de 0,2%.

Además, el amicus curiae destaca el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012, en el que el máximo Tribunal exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y porteñas a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita a los profesionales de la salud ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de quienes requieran el servicio. Cabe mencionar que el aborto no punible es legal en Argentina desde 1921 por tres causales: riesgo de vida de la mujer, riesgo en la salud –hoy ampliado por el concepto de salud integral tal como lo entiende la Organización Mundial de la Salud- y violación.