Organizaciones sociales, sindicales y políticas lanzaron una ofensiva nacional e internacional promoviendo el inmediato juicio político contra el presidente Javier Milei y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
por Lucía Pereyra
El viernes 23 de octubre en la sede de la CTA – Autónoma se llevó a cabo el lanzamiento formal de la Campaña Nacional e Internacional «Fuera Milei, su Gobierno y la Corte. Juicio Político Ya», iniciativa impulsada por un amplio arco de organizaciones sindicales, sociales, políticas, culturales y de derechos humanos que buscan instalar en la agenda pública la necesidad de avanzar con mecanismos institucionales para la remoción del presidente y de los integrantes de la Corte Suprema.
La presentación reunió a dirigentes de distintos espacios ideológicos y partidarios. Entre los expositores estuvieron Adolfo Pérez Esquivel, referente del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Premio Nobel de la Paz; Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular; Alicia Castro, referente de Soberanxs; el constitucionalista Eduardo Barcesat; Jorge Rivas, de Unidad Socialista; Federico Storani, del Radicalismo Auténtico y Juan Ciolli, representante de la Central de Entidades de Empresas Nacionales.
Durante el encuentro, el economista Claudio Lozano explicó que la campaña comienza con la presentación de dos nuevos expedientes ante el Congreso Nacional. El primero, identificado como Expediente Nº 0167/P/2026, reúne y actualiza anteriores pedidos de juicio político contra el presidente que, según denunciaron los organizadores, nunca fueron tratados. El segundo, Expediente Nº 0166/P/2026, solicita el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Según indicó Lozano, la campaña no pretende limitarse a una acción parlamentaria, sino transformarse en un movimiento político y social de alcance nacional e internacional. «Hoy hemos dado vida a un espacio plural, político, social y cultural para tratar de enhebrar una campaña nacional e internacional que recorra la Argentina desde el norte hasta el sur y del este al oeste y pueda transformar en multitud el planteo que estamos discutiendo hoy acá», expresó.
Para los impulsores de la iniciativa, el problema central es que las demandas acumuladas por trabajadores, jubilados, sectores productivos, universidades públicas, hospitales y movimientos sociales no encuentran respuesta en el actual Gobierno. En esa línea, Lozano sostuvo que las reivindicaciones vinculadas al empleo, los salarios, la industria nacional, la salud y la educación no serán resueltas mientras permanezca la actual administración. «A Milei no le importan las demandas que nuestras organizaciones llevan adelante. No le importa resolver el problema del empleo, ni el deterioro salarial, ni detener el proceso de entrega de nuestros recursos y de nuestra soberanía», afirmó.
Uno de los conceptos centrales planteados por los organizadores es que la campaña busca trascender la lógica parlamentaria. Lejos de confiar exclusivamente en la posibilidad de reunir los votos necesarios en el Congreso, los promotores pretenden construir presión social y política desde abajo. Según explicó Lozano, la iniciativa apunta a «dejar de mirar exclusivamente hacia la institucionalidad para convocar a la comunidad» y vincular el reclamo de juicio político con cada una de las demandas sociales existentes.
En su diagnóstico, el Milei profundiza las medidas más cuestionadas precisamente para reafirmar su alineamiento con los sectores de poder que respaldan su gestión. Por eso, sostuvo que conflictos como los reclamos de jubilados, trabajadores estatales, profesionales del Hospital Garrahan o universidades nacionales difícilmente encuentran respuestas favorables del Gobierno.
Uno de los discursos más esperados fue el de Adolfo Pérez Esquivel, quien desde hace más de dos años sostiene públicamente la necesidad de avanzar con el juicio político al Presidente. El Nobel de la Paz en 1980 volvió a vincular el reclamo con la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. «Tenemos que recuperar nuestra soberanía e impedir que sigan avanzando en la malversación del país», afirmó.
Pérez Esquivel recordó que ya habían promovido iniciativas similares anteriormente, y celebró la ampliación de los sectores que hoy acompañan la propuesta. «Ningún grupo por sí solo va a poder avanzar en esto si no nos unimos. No todos tenemos que pensar igual, pero sí tener objetivos comunes vinculados con la soberanía, la integridad territorial y la dignidad de nuestro pueblo», señaló.
Las declaraciones se inscriben dentro de una trayectoria de más de medio siglo en defensa de los derechos humanos. Fundador del SERPAJ y figura emblemática de la resistencia no violenta a las dictaduras latinoamericanas, Pérez Esquivel ha sido una de las voces más persistentes contra las políticas de Milei desde la campaña presidencial.
Por su parte, Eduardo Barcesat, uno de los principales impulsores jurídicos de los pedidos de juicio político, elevó el tono de las críticas al sostener que la Argentina atraviesa una situación de «anomia institucional». Según explicó, existe una proliferación de normas y decisiones gubernamentales que, a su entender, desbordan los mecanismos constitucionales y alteran los equilibrios republicanos. «El único golpe de Estado es el que viene protagonizando el presidente», sostuvo durante la conferencia.
En tanto que la dirigente Alicia Castro recordó que las primeras discusiones sobre la viabilidad de impulsar un juicio político a Milei comenzaron dentro del espacio Soberanxs en 2024. La exdiputada nacional y exembajadora por Venezuela vinculó la iniciativa con la defensa de la soberanía nacional en todas sus dimensiones: territorial, marítima, aérea, antártica y sobre los recursos naturales.
Castro repasó además las distintas presentaciones realizadas contra el Presidente por cuestiones vinculadas a la política exterior, al denominado caso de las criptomonedas y a la postura adoptada respecto al tema Malvinas. «El sentido de esta convocatoria es unir y movilizar a los millones de argentinos que imaginan otro destino para el país», afirmó.
La campaña también incorpora una fuerte crítica a la política internacional del Gobierno. En ese terreno, el diputado nacional Juan Marino defendió los pedidos de juicio político vinculados al alineamiento de Milei con los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Al tiempo que denunció decisiones vinculadas a ejercicios militares conjuntos, acuerdos de seguridad y posicionamientos internacionales adoptados, según sostuvo, sin intervención adecuada del Congreso Nacional.
Varios de los oradores reconocieron que el escenario legislativo actual hace difícil avanzar con el juicio político. El exdiputado y dirigente socialista Jorge Rivas admitió que reunir los votos necesarios en Diputados y luego en el Senado representa un desafío enorme. Sin embargo, argumentó que se trata del único mecanismo previsto por la Constitución para remover autoridades acusadas de cometer delitos en ejercicio de sus funciones. «Cada día de gobierno genera daños irresponsables a nuestro pueblo», afirmó.
Federico Storani, uno de los pocos radicales críticos a la actual gestión de gobierno, reivindicó la participación de sectores de la UCR que desde el inicio del gobierno libertario se manifestaron contra el DNU 70/2023 y otras medidas oficiales. Señaló, además, que la continuidad del rumbo económico representa una condena para amplios sectores de la sociedad.
Finalmente, Juan Ciolli, representante de la Central de Entidades de Empresas Nacionales, aportó una mirada desde el sector productivo. Citó cifras sobre cierres de establecimientos industriales, pérdida de puestos de trabajo y caída de la utilización de la capacidad instalada.
Según su diagnóstico, la destrucción del entramado industrial podría tener consecuencias difíciles de revertir, especialmente en un contexto de transformación tecnológica acelerada.
El lanzamiento de la campaña constituye el intento más ambicioso realizado hasta el momento por organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos para articular en una misma plataforma las críticas al Gobierno de Milei.
Más allá de las dificultades institucionales que enfrenta la propuesta, los organizadores buscan transformar el reclamo de juicio político en una bandera común que conecte conflictos sectoriales diversos, desde los reclamos salariales y previsionales hasta las demandas por soberanía, industria nacional, salud pública y derechos humanos.
En ese contexto se entienden las duras declaraciones de Adolfo Pérez Esquivel, quien volvió a reclamar la salida institucional del Presidente y convocó a ampliar los niveles de unidad entre organizaciones de distintos orígenes políticos para enfrentar lo que considera un proceso de deterioro económico, social e institucional de la Argentina.