Desde temprano, las columnas universitarias avanzaron hacia Plaza de Mayo con un mensaje claro y sin adornos: “Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario”, “Basta de ajuste”, “El Gobierno está destruyendo la universidad pública”. Un millón y medio de personas se movilizaron en todo el país.
La consigna central apuntó directamente al Ejecutivo: “Milei, la educación no se vende”, “No es déficit, es inversión”, “Sin presupuesto no hay universidad”. En Buenos Aires, la marcha fue masiva; en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego se replicó con igual intensidad.
El documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y los gremios docentes fue contundente. Allí se afirmó: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República”. En tanto que exige a la Corte Suprema que obligue al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025 y frenada por el Ejecutivo. También denunció la caída real del presupuesto, el deterioro salarial y la paralización de becas y programas científicos.
La Casa Rosada desestimó la protesta y la calificó como una movilización “con intereses políticos opositores”. Funcionarios del Ejecutivo sostuvieron que la marcha responde a sectores que “buscan desestabilizar” y que el reclamo presupuestario es “exagerado”.
Lo cierto es que el Gobierno no ejecutó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025. Además, judicializó el conflicto y llevó la disputa a la Corte Suprema, logrando un efecto suspensivo sobre la cautelar que lo obligaba a transferir fondos. Por último, argumentó que la situación presupuestaria es “responsabilidad de gestiones anteriores”.
Mientras tanto, las universidades denuncian una caída del 45% en las transferencias y un 32% en el salario real docente, según datos difundidos durante la marcha.
La Marcha Federal no dejó lugar a interpretaciones: fue un mensaje directo al Gobierno nacional. Sin romanticismo, sin metáforas: la comunidad universitaria exige que se cumpla la ley y que se garantice la supervivencia del sistema público de educación superior.