La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de la denominada Ley de Modernización Laboral, tras una sesión extensa y marcada por fuertes tensiones dentro y fuera del recinto. El debate, que se prolongó por más de doce horas, quedó inevitablemente atravesado por un nuevo episodio de represión policial en las inmediaciones del Congreso.
La reforma laboral implica una serie de retrocesos en derechos laborales e individuales que, según sus críticos, debilitan protecciones históricas conquistadas por los trabajadores. La llamada “flexibilización laboral” se traduciría en mayores niveles de precarización, empleos más inestables, menor seguridad laboral y una reducción significativa del poder de negociación de los asalariados.
Los cambios y restricciones en los mecanismos de representación sindical también limitarían la capacidad de los gremios para defender a sus afiliados. A esto se suma la eliminación de convenios laborales específicos, como el Estatuto del Periodista Profesional, así como la disolución o el desfinanciamiento de institutos destinados al fomento de la cultura —entre ellos el INCAA— y de fondos e incentivos para la producción audiovisual, como los FOMECA, entre otros.
En síntesis, los detractores sostienen que los beneficios de la llamada “modernización laboral” están diseñados principalmente a favor de las empresas, mientras que los costos recaerán de manera desproporcionada sobre los trabajadores.
Con la Ciudad de Buenos Aires prácticamente cercada por vallas y un amplio operativo de seguridad, desde el mediodía de ayer columnas de trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles se concentraron en los accesos a la capital. El paro nacional, convocado días antes, alcanzó un nivel de adhesión que sorprendió incluso a sus impulsores: trenes detenidos, transporte reducido, comercios cerrados y oficinas semivacías configuraron el escenario de una jornada de protesta de alcance nacional.
Hacia el mediodía, la marea humana avanzó por Avenida de Mayo. Los bombos marcaban el pulso de la jornada, mientras los carteles improvisados mezclaban reclamos laborales, críticas al rumbo económico y llamados a defender derechos adquiridos. La consigna era clara: hacer visible el rechazo a la reforma laboral que se debatía en el Congreso. A medida que la multitud se acercaba al Palacio Legislativo, el clima se tensaba. Las vallas, reforzadas desde la madrugada, marcaban un límite físico y simbólico entre la calle y la política institucional. Del otro lado, un operativo policial numeroso aguardaba en formación.
Por la tarde, cuando los discursos comenzaban a sonar desde los camiones de sonido, el primer enfrentamiento se desató en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Lo que empezó como un forcejeo aislado entre manifestantes y efectivos terminó escalando rápidamente. La policía avanzó con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La multitud respondió con piedras, botellas y una resistencia improvisada.
El aire se volvió irrespirable. Familias que habían ido a marchar se replegaron hacia calles laterales. Los vendedores ambulantes levantaron sus puestos a las apuradas. Los periodistas buscaban refugio detrás de autos estacionados mientras transmitían en vivo. La escena, repetida tantas veces en la historia argentina, volvía a desplegarse con una crudeza que nadie había deseado.
Mientras tanto, dentro del recinto, el debate continuaba en un clima tenso. Afuera se escuchaban las sirenas y las detonaciones, pero la sesión avanzaba. Horas más tarde, hacia la medianoche, la reforma laboral fue aprobada. Los festejos de algunos legisladores contrastaron con la indignación que seguía resonando en las calles, donde aún quedaban grupos dispersos y un saldo de heridos y detenidos.