Ante el inicio del tratamiento de proyecto de Reforma Laboral, el Espacio Audiovisual Nacional alerta sobre el inminente peligro de silenciar a la industria audiovisual en su totalidad. En el Congreso, donde el lenguaje técnico suele resguardar decisiones lejanas del ruido social, la inclusión de los artículos 195 y 196 del citado proyecto —reenumerados como 210 y 211 en el Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión— encendió una alarma inusitada: su aprobación significaría, según las organizaciones del sector, el desfinanciamiento total del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con consecuencias concretas, inmediatas y de largo alcance para el cine y el audiovisual argentinos.
El mapa de la producción cultural, el INCAA es la columna vertebral que sostiene proyectos, salas, festivales, equipos técnicos y la continuidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras. Quitarle sus fuentes de financiamiento equivale a desarmar, pieza por pieza, una industria que tardó décadas en construirse. Productores, directores, sonidistas, programadores, exhibidores: todos ocupan un lugar en una cadena que transforma ideas en películas, pantallas en debates y las imágenes en memoria colectiva.
Las organizaciones que integran el Espacio Audiovisual Nacional interpretan la medida como algo más que un recorte presupuestario. La ven como la eliminación del sistema de fomento que permitió la existencia misma del cine nacional contemporáneo. Se trata de historia cultural, de pluralidad de voces, de soberanía audiovisual. El diagnóstico advierte sobre la muerte del cine nacional tal como lo conocemos. Esta contundente afirmación parte de la experiencia: cuando se cortan los fondos, se reduce la diversidad de proyectos, se encogen las ventanas de exhibición y se precariza el trabajo técnico y creativo, expulsando del oficio a quienes no pueden sostenerse sin políticas públicas, la industria audiovisual muere.
Frente a lo que definen como una amenaza existencial, el Espacio Audiovisual Nacional articuló medidas concretas: una conferencia de prensa el miércoles 4 de febrero en el Congreso, coordinada con legisladores y legisladoras de distintas fuerzas políticas, para explicar a la sociedad el impacto de los artículos y exigir su rechazo; y una convocatoria a movilizar la industria audiovisual el miércoles 11 de febrero a las 12 horas, partiendo desde el Cine Gaumont, día previsto para el tratamiento de la reforma que incluye la derogación de los fondos para el cine nacional.
Estas acciones son señales de un sector que no quiere quedar reducido al rol de espectador pasivo. La conferencia en el Congreso busca traer a la luz pública datos, testimonios y relatos: el director que no podrá terminar su film, la sala independiente que verá peligrar su programación, el equipo técnico que ya acaricia la idea de emigrar o cambiar de actividad. La movilización del 11 de febrero pretende convertir esas historias en masa, en presencia física frente a quienes tienen en su mano la decisión final. No es un acto simbólico únicamente: es una apuesta a que la democracia también reconozca la cultura como interés público y no simplemente como gasto prescindible.
Detrás de la convocatoria están también argumentos económicos y simbólicos. El cine nacional genera empleo, actividad regional y un circuito industrial que, aunque precario en muchos tramos, aporta identidad y visibilidad internacional. La desaparición de las fuentes de financiamiento no solo achicaría la oferta cultural, también empobrecería la capacidad del país para contar sus propias historias desde su propia mirada. En tiempos en que la circulación de contenidos está dominada por conglomerados transnacionales, sostener dispositivos de fomento se presenta como una decisión estratégica de soberanía cultural.
La lectura política es inevitable. Toda reforma que toca fondos y estructuras provoca reacomodamientos de poder y privilegios. Para el sector audiovisual, la contienda actual trasciende partidos: reúne a diversas entidades, trabajadores y figuras públicas en un frente común que reclama preservar un sistema que, en sus mejores momentos, hizo posible que el cine argentino ocupara espacio en festivales y en la imaginación colectiva. La defensa hoy es tanto técnica —explicar cómo se financia y qué se pierde— como simbólica: recordar que el cine es patrimonio, memoria e industria.
La crónica de estas semanas no se escribirá solo en diarios ni en boletines oficiales; se escribirá en las plazas, en las puertas del Congreso, en las salas que resistan y en las mentes de quienes aún creen que el cine argentino merece políticas públicas que lo sostengan. Para el Espacio Audiovisual Nacional, la convocatoria es clara: acompañar las acciones en defensa del cine argentino, un patrimonio que es a la vez cultural, industrial y simbólico. El diálogo entre política y cultura se juega ahora, y lo que está en juego es mucho más que números en un presupuesto.