Violencia institucional, falta de políticas integrales y un presupuesto insuficiente.
En el último año, la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un preocupante aumento en la cantidad de personas en situación de calle, fenómeno que ha sido documentado en el informe titulado “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”. Esta investigación es producto del trabajo conjunto entre la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA). Según los datos reportados, la problemática no solo ha crecido en términos absolutos, sino que la tendencia alcista se mantiene sostenida desde 2017.
De acuerdo con el relevamiento nacional RENACALLE, en noviembre de 2023 había 8.028 personas en esta situación en la capital argentina. Por otro lado, cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) mostraban 3.286 personas en situación de calle en ese momento, incrementándose a 4.049 para noviembre de 2024, lo que representa un aumento superior al 23% en un año y un alarmante 152% desde el primer registro disponible. Esta disparidad entre registros oficial y comunitario evidencia también las dificultades para medir con precisión la dimensión del fenómeno.
El informe destaca dos líneas principales en la estrategia adoptada por la administración local frente a este desafío. La primera es una política marcada por un enfoque punitivo y estigmatizante, promovida bajo la bandera del “Orden y limpieza”. Esta política se traduce en acciones represivas como la remoción forzada de personas del espacio público, detenciones, violencia institucional y la destrucción de pertenencias de quienes viven en la calle. Datos del MPD CABA revelan un incremento del 128% en denuncias por violencia institucional entre la primera mitad de 2023 y la de 2024, además de que un 34% de quienes fueron detenidos reportaron haber sufrido violencia durante el procedimiento.
En paralelo, aunque con resultados limitados, simultáneamente se observa un aumento del presupuesto destinado a dispositivos de alojamiento transitorio y programas de emergencia, con un incremento del 40,11% en partidas destinadas a subsidios habitacionales y centros de inclusión social para 2025. Sin embargo, estas iniciativas no logran superar la fragmentación del abordaje ni rompen con la cronificación de la emergencia, manteniendo a las personas en situación de calle en un ciclo de asistencia temporal, sin perspectivas reales de acceso a una vivienda definitiva.
Una de las causas profundas de esta carencia integral es la ausencia de políticas sostenibles de acceso a la vivienda adecuada. En las últimas décadas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no desarrolló programas orientados a soluciones habitacionales definitivas, ni promovió alternativas como la vivienda cooperativa, programas de alquiler social o la movilización de viviendas ociosas. Esta falta estructural se agrava con el recorte presupuestario al organismo, que para 2025 se reduce un 27,25% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en doce años.
Frente a este panorama, el informe elaborado por ACIJ, CELS y MPD CABA subraya la necesidad de adoptar enfoques que vayan más allá de la lógica punitiva y de emergencia. Se requiere un abordaje integral, con respeto a los derechos humanos, que brinde respuestas adecuadas a la urgencia, pero que también apunte a soluciones habitacionales definitivas. Para ello, se presentan líneas de acción que combinan medidas paliativas y programas transformadores, en pos de generar consensos entre los distintos actores involucrados y promover políticas públicas efectivas que permitan superar la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.